Las movilizaciones por el ‘procés’ dejan al Raval sin apenas policía

La Diada, la Mercè, el referéndum secesionista, el paro general, manifestaciones de unos y otros, la declaración de independencia... En menos de un mes, Barcelona ha sido el escenario de decenas de actos multitudinarios que han obligado a la Guardia Urbana y a los Mossos d’Esquadra a priorizar el corte de calles, la seguridad de manifestantes e, incluso, la integridad de personalidades y de guardias civiles y policías nacionales. Una vorágine que, según los vecinos del Raval y los sindicatos policiales, ha dejado casi sin agentes las calles de un barrio que soporta la presencia de más de 60 narcopisos.

“Desde el mismo día de los atentados hemos visto cómo se reducía la presencia policial en el barrio”, aseguraba esta semana Carlos, vecino de la calle d’en Roig e integrante de la plataforma vecinal del Raval. “Hace poco, lanzaron una garrafa desde un tejado. Hay toxicómanos que caminan como zombis asustando a los peatones, traficantes en decenas de pisos y lo único que hemos notado es un descenso, sobre todo, de Mossos d’Esquadra”, lamenta el vecino. En el Raval siguen en activo una sesentena de pisos okupados donde se trafica, denuncian los vecinos.

Toni, de la calle Riereta, mantiene que en la zona nunca ha habido una “presencia notable de patrullas y estos operativos se resienten con actos como la Mercè o la huelga general”.

Manel García, secretario general de SAPOL —el sindicato mayoritario de la Guardia Urbana— aseguró ayer que la falta de efectivos “es una constatación”. Toni Castejón, del Sindicato de Mossos d'Esquadra (SME), y otras fuentes sindicales del cuerpo autonómico, lamentan también que la sensación de la ciudadanía es una realidad.

“Desde el 1 de octubre, los agentes de ARRO y BRIMO (antidisturbios), los de investigación y los de seguridad ciudadana están trabajando en un dispositivo de máximos que ha resentido funciones como el patrullaje habitual”, lamenta Castejón.

Los policías autonómicos han destinado muchos recursos a la protección de “personalidades y edificios”, cuestionan otras fuentes sindicales, que aseguran que no ha habido relevo a mandos de la comisaría de Ciutat Vella destinados a otros lugares.

García lamenta la falta de efectivos en la Guardia Urbana. “No llegamos a 3.000, de los que hay 260 que están en segunda actividad, decenas de cargos intermedios y un operativo de tres turnos repartido en los diez distritos”, afirma. El representante de SAPOL asegura que durante estas últimas semanas todo se ha complicado. “Ha habido días con manifestaciones por la mañana y por la noche, concentraciones frente a la jefatura de Policía Nacional y delante de los cuarteles de la Guardia Civil. Nosotros tenemos que cortar las calles y los Mossos hacen los cordones de seguridad. Todos esos efectivos que están allí no están patrullando en las calles”, denuncia.

Desde el Consistorio siempre se ha argumentado que el problema del tráfico de drogas en el Raval, como en el resto de la ciudad, es competencia de los Mossos d’Esquadra, aunque desde la policía municipal apoyan las intervenciones de los agentes autonómicos. “Cuando los vecinos se quejan, les tenemos que decir que nosotros no podemos entrar en un piso ocupado donde se trafica”, lamenta el secretario general de SAPOL. García es crítico con la lucha que hace la policía local para evitar la venta ambulante en La Rambla, donde se destinan “en ocasiones muchas patrullas dejando el distrito en cuadro”. Una lucha que de poco sirve, ya que mientras impiden el top manta en La Rambla, la venta ilegal se extiende por otros lugares.

Mossos y Urbana han participado en los últimos cuatro años en 38 operaciones conjuntas contra el tráfico de drogas en Ciutat Vella. El 71% de las redadas ha sido en el Raval y la mayoría de ellas (un 81%) se han realizado entre 2016 y 2017. El problema con el que se enfrenta el Consistorio es que, una vez arrestados los traficantes, hay consumidores que toman el relevo en el mismo piso ocupado. Al tratarse de ocupaciones de carácter delincuencial, necesitan una orden judicial para actuar, lo que se demora meses. El Consistorio mantiene que estos últimos meses han duplicado el número de efectivos de la Urbana en el barrio. Está previsto que la presencia de agentes se adecue a los momentos de más presencia de toxicómanos en la vía pública para minimizar problemas.