La grúa se lleva menos coches, pero no siempre los que más molestan

La grúa municipal de Barcelona se llevó el año pasado 222.609 vehículos mal aparcados, un 14,5% menos que en 2011, con un descenso paulatino cada año, aunque no siempre retira los que más molestan, según la Síndica de Barcelona, que recomienda introducir criterios de “oportunidad, proporcionalidad y equidad” antes de llevarse un coche.

En una actuación de oficio, la defensora de los ciudadanos de Barcelona, María Assumpta Vilà, propone que se aplique la decisión más adecuada para el interés general y la menos onerosa para la persona responsable, sin que ello signifique impunidad de la conducta infractora.

En un informe, la síndica recuerda que la retirada de un vehículo “no es un acto sancionador”, a pesar de que para el conductor tenga consecuencias gravosas en tiempo y dinero, sino que es “un acto instrumental para corregir un hecho que altera el orden público viario”.

En una reciente actuación sobre el uso de la grúa en Barcelona, la defensora ha propuesto también que la empresa que se encarga de la gestión de la grúa municipal, B:SM, difunda a la ciudadanía el sentido y los objetivos de la grúa, los datos fundamentales de las diferentes tipologías de intervención y los costes del servicio que fundamentan el cálculo de las tasas. 

Además, la síndica ve necesario modificar la ordenanza de peatones y vehículos para que se puedan entregar los coches o motos retirados a las personas que acrediten ser el conductor habitual aunque no sean las titulares.

La síndica abrió esta actuación de oficio tras recibir, entre enero de 2014 y junio de 2017, 36 quejas contra “actuaciones desproporcionadas” de la grúa y sobre el hecho de que la conducta infractora —aceptada en muchos de los casos— “no justificaba una intervención tan drástica”. En las denuncias, los reclamantes consideran que la intervención de la grúa debería ser en caso de que el vehículo fuera un obstáculo para la circulación o que provocara una situación de riesgo. La síndica recuerda que la autoridad vial ejerce su potestad discrecional para decidir si es necesario o no proceder a la retirada de los vehículos, pero pide que esta evaluación se haga considerando las circunstancias concurrentes y los criterios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”.