Colau amplía el carril bici a costa de mil plazas de aparcamiento

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha propuesto triplicar durante su mandato la red de carriles bici hasta alcanzar 300 kilómetros. Pero esta infraestructura se está realizando en la calzada, a costa del espacio que tienen los coches. En lo que va de mandato, la creación de 36 nuevos kilómetros de carril bici —un 31% más de la red que existía— ha eliminado un millar de plazas de aparcamiento. Solo en 2015 y 2016 se suprimieron casi 600 plazas de aparcamiento. El consistorio no facilita cifras de 2017, pero a una media de 15 plazas por manzana, y sumando los carriles de varias calles principales, la cifra supera las 1.000 plazas.

El consistorio responde que es un porcentaje muy pequeño del total de plazas de aparcamiento en calzada, que son casi 130.000 en toda la ciudad. Y que “en la medida que se puede, se redistribuyen estas plazas en calles del entorno”. Además, apunta que se han generado nuevos lugares para motocicletas y coches subterráneos: 1.657 en 2015, con el anterior gobierno municipal, de CiU, en el ejecutivo hasta las elecciones de mayo.

El rápido despliegue de carriles bici fue objeto de debate el viernes pasado en el pleno, a raíz de una proposición del PP que instaba al Gobierno municipal a “replantear el despliegue de nuevos carriles bici previstos en la estrategia de la bicicleta por Barcelona”. Los populares perdieron la votación (solo consiguieron sus votos y los del PDeCAT y Ciutadans; 17 votos, frente a los 23 de Barcelona en Comú, PSC, ERC y la CUP), pero introdujeron el debate en un organismo trascendente como es el pleno. La concejal de Movilidad, Mercedes Vidal, negó que se esté improvisando y advirtió de que la política de la bicicleta “no tiene marcha atrás”.

El impulsor de la proposición y jefe de filas del PP municipal, Alberto Fernández Díaz, aseguró que su grupo es favorable a la red ciclista “pero no como lo están haciendo, anteponiendo la ideología a la capacidad, haciendo carriles bidireccionales en calles paralelas e incluso carriles en calles 30”, en teoría pacificadas. Acusó al gobierno de tener “cochefobia” y de “no luchar contra el incivismo de los ciclistas”, que todavía pueden circular por la acera porque la ordenanza que obliga a ir por calzada suma varias moratorias. Fernández Díaz criticó la “precipitación e improvisación en el despliegue” y afirmó que no se está evaluando el impacto sobre el tráfico —cuando los coches deben esperar para girar a que pasen los ciclistas— y la seguridad de los nuevos carriles.

Desde el PDeCAT, que impulsó y aprobó el Plan de Movilidad Urbana (PMU) que prevé incrementar los trayectos en bici, el concejal Jordi Martí se mostró “muy crítico con la ejecución” de la nueva red que, dijo, “no ofrece alternativa” para aparcar cuando se eliminan aparcamientos. “Somos favorables al uso de la bicicleta”, aseguró, “pero no estamos de acuerdo con el asedio al vehículo privado. La gente va en coche por motivos laborales y no por capricho”.

Ciutadans acusó a los responsables de Movilidad de no contar con los vecinos. “Queremos más y mejores carriles”, dijo Santiago Alonso. “Pero estamos recibiendo quejas de vecinos por la falta de seguridad que nos dicen que han perjudicado gravemente la movilidad del barrio”, añadió Alonso, quien pidió “consenso”.

La concejal responsable de la cuestión, Mercedes Vidal, negó que se trate de una cuestión de ideología. “Toda la izquierda ha votado a favor y la derecha en contra, esto no pasa en ningún país europeo, es una anomalía: cuando la movilidad sea transversal habremos avanzado mucho”, lamentó. Defendió que los carriles se están aplicando con estudios, informando al entorno, con sesiones de participación en los barrios afectados y de acuerdo a un manual de criterios de los carriles para que sean seguros.

Desde el PSC, socio de Colau, Daniel Mòdol, celebró que la bici avanza y que 10 de los 41 concejales la utilizan a diario. El concejal defendió que se está siguiendo la hoja de ruta del PMU y que “tomar decisiones valientes comporta aplicarlo en zonas donde no estaban aunque comporte problemas logísticos”. Los grupos de ERC y la CUP apoyaron la política del gobierno.