El jurado considera culpable al descuartizador de Majadahonda

Los nueve integrantes del jurado popular que han juzgado al supuesto descuartizador de Majadahonda, Bruno Hernández Vega, le han considerado culpable de los cuatro delitos de los que estaba acusado. El jurado ha tardado poco más de un día en terminar la deliberación, tras serle entregado ayer el objeto del veredicto. Considera probado que el procesado mató a su tía y a una inquilina y después trituró los cuerpos en una picadora.

El jurado, formado por siete hombres y dos mujeres, recibió el objeto del veredicto a la una de la tarde del lunes. Le bastó un día para contestar a las 27 preguntas planteadas por la presidenta de la Sección 30ª de la Audiencia Provincial de Madrid, Pilar Alhambra Pérez.

Pasadas las cuatro y media de la tarde, la juez ha convocado a las partes y al acusado. Instantes después han entrado los integrantes del jurado, cuyo portavoz ha leído el veredicto ante la mirada de expectación de los presentes. Mientras, Bruno Hernández Vega ha permanecido impasible, pese a la gravedad de las acusaciones.

El portavoz del jurado ha leído en menos de cinco minutos el veredicto. Los integrantes han votado por unanimidad que el descuartizador de Majadahonda mató a su tía Liria Hernández Hernández en una fecha posterior al 13 de abril de 2010. Después la troceó y destruyó su cuerpo utilizando una máquina picadora industrial Braher modelo P22. Esta se encontraba en el sótano del chalé propiedad de la familiar, en el número 6 de la calle de Sacedilla, en Majadahonda. Para su decisión, se han basado en las muestras de ADN hallados por la Guardia Civil en el rotor interno de la picadora.

El jurado también ha entendido que Hernández Vega mató la noche del 1 de abril de 2015 a su inquilina Adriana Beatriz Gioiosa Nassini, “sin que se hayan podido determinar los mecanismos de causación” de la muerte. Los componentes del jurado han justificado su decisión en que los repetidores de telefonía móvil sitúan a la víctima en la vivienda aquel día, en los mensajes de WhatsApp entre el acusado y su novia, y las pruebas que recogió la Guardia Civil en el domicilio el 8 y 20 de abril de 2015.

El veredicto también culpa al procesado de los delitos de falsedad documental, al haber falsificado la firma de su tía en un contrato de alquiler del chalé de la calle de Sacedilla por 15 años tras el pago de 18.000 euros y por el permiso de su familiar para que se pudiera empadronar en este domicilio. Lo han motivado en los informes emitidos por los peritos en grafología y en que nunca abonó el dinero del alquiler a Liria Hernández.

Otro delito del que ha sido considerado culpable fue el de estafa, tras crear el 7 de octubre de 2010 la empresa Obras y Reformas XVXXII. El 22 de noviembre de 2010 y el 28 de junio de 2011 giró sendos recibos a la cuenta corriente de su tía por un montante de 33.227 euros. Estos fueron directamente a la cuenta que tenía abierta en el Banco de Santander. También el juzgado le atribuye tenencia ilícita de armas, al decomisarle un cañón de la marca H&K válido para dos pistolas semiautomáticas inutilizadas y un silenciador compatible con ambas.

El jurado ha rechazado por unanimidad la eximente completa de enajenación mental. Consideran las declaraciones de los peritos que testificaron el 28 de septiembre. Según su versión, la esquizofrenia de Hernández Vega no anulaba completamente su capacidad de entender y comprender el alcance de sus actos.

Siete de los nueve integrantes han rechazado la eximente incompleta de enfermedad mental. Estos se centraron en los psiquiatras que lo atendieron y que mantienen que Bruno Hernández “tiene una organización de la vida psíquica bastante coherente, excepto en el sector de la realidad que tiene que ver con lo delirante”. También se han opuesto a la posibilidad de indulto y la suspensión de cumplimiento de la condena.

El abogado defensor, Marcos García Montes, se ha quejado de la extraña interpretación que hizo el jurado de los peritos psiquiatras. En su opinión, expresaron justo lo contrario a lo recogido en veredicto, por lo que el razonamiento del jurado era erróneo. También ha protestado por los posicionamientos del teléfono móvil. Ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.