El abogado del acusado de matar a dos mujeres en Majadahonda: “Está perdido en el tiempo y en el espacio”
Marcos García Montes afirma que su cliente está enfermo y que pedirá su absolución por las "ilegalidades" de la investigación
El año judicial en Madrid se ha inaugurado este lunes con el caso de Bruno H. V., conocido como el descuartizador de Majadahonda. Se le acusa de asesinar a su tía y a una inquilina de nacionalidad argentina, aunque los restos mortales de ambas no han sido localizados. La investigación sostiene que Bruno se habría deshecho de ellos gracias a una picadora industrial. La fiscalía solicita 30 años de internamiento por enajenación mental. El abogado del acusado, Marcos García Montes, ha anunciado que solicitará la absolución porque se cometieron "ilegalidades" durante la investigación. Además, ha señalado que su cliente "está perdido en el tiempo y en el espacio. Es un enfermo”.
La primera jornada del juicio apenas ha servido para seleccionar el jurado popular. La vista oral se desarrollará a lo largo de 16 sesiones y por ella pasarán 81 testigos y 47 peritos. Finalizará el 2 de octubre con las instrucciones al jurado, formado por nueve miembros y dos suplentes, y la entrega del veredicto. En esta jornada inicial, prevista para las 10.00, debía declarar el acusado. La elección del jurado se ha demorado y la sesión ha comenzado a las 13.20 con las lecturas de las actas y los alegatos de cada una de las partes. Al finalizar, algo más de una hora después, la magistrada ha decidido dar por concluida la vista y dejar para mañana la declaración del acusado, que se sumará a la de los testigos previstos: los familiares de su presunta segunda víctima, la argentina Adriana Giogocosa, de 54 años.
Bruno, de 33 años, se ha sentado en un extremo de la tarima con aparente tranquilidad y la mirada perdida. Ha escuchado impasible al fiscal, que ha señalado que mató a su tía Liria en abril de 2010, troceó su cuerpo y lo destruyó en una trituradora industrial que tenía en el sótano de la vivienda, en Majadahonda. Meses después, el presunto asesino falsificó un documento por el cual su tía le cedía la casa durante 15 años por 18.000 euros, que nunca abonó. Luego alquiló una habitación a Giogiosa, a la que presuntamente también asesinó el 1 de abril de 2015 siguiendo el mismo modus operandi que con su tía. Para hacer creer que seguía viva simuló que se había ido de vacaciones e introdujo una carta mecanografiada bajo la puerta del establecimiento donde trabajaba. También envió mensajes a los allegados de la víctima con el número de teléfono de esta. Fue detenido días más tarde y desde entonces continúa en prisión preventiva.
Petición de la fiscalía
La fiscalía solicita 30 años de internamiento al aplicarle una eximente incompleta por “enajenación mental”, ya que según los informes psiquiátricos el acusado padece una esquizofrenia paranoide, un trastorno que “distorsiona la realidad”. El ministerio fiscal solicita que Bruno cumpla su condena en un centro especializado para someterle a tratamiento porque "es capaz de realizar actos complejos, como crear una sociedad mercantil para beneficiarse ilícitamente de su tía o hacer desaparecer los cuerpos". Al acusado se le imputan dos delitos de homicidio, un delito continuado de falsedad documental y otro de tenencia ilícita de armas. Se encontraron en la vivienda de Móstoles en la que vivía con sus padres. Las penas suman un total de 26 años de prisión.
La familia de Giogiosa, que ejerce la acusación particular, solicita 22 años de cárcel por un delito de asesinato y otros dos más por tenencia de armas. El letrado Marcelo Belgrano ha insinuado que no se trató de un simple homicidio: "Podría haber sido el crimen perfecto si Eduardo no viene a Madrid a buscar a su hermana". La policía buscó infructuosamente a Giogiosa durante semanas en el vertedero de Pinto, una búsqueda que ha costado 1,4 millones de euros a las arcas públicas. "En la picadora había restos de ADN de Adriana Giogiosa", ha asegurado Belgrano, que como el ministerio fiscal ha dudado de que Bruno tenga "anuladas sus capacidades", pero no de que padezca "una enfermedad mental".
El abogado del acusado, Marcos García Montes, ha afeado a Belgrano su declaración, pues considera que no es riguroso decir que había restos de sangre de su cliente en la picadora. Además, ha anunciado que pedirá la absolución de su cliente porque algunas de las pruebas se consiguieron de forma "ilícita" y que la investigación era "mala de solemnidad". Según la defensa, los agentes pidieron autorización a Bruno para entrar en la casa y registrarla, algo que niega la fiscal: "El Tribunal Superior no observa nulidad porque no hubo vulneración. Se hizo todo de forma motivada".
García Montes también ha aludido a la enfermedad de su cliente, que sigue medicado en prisión. "Las pruebas psiquiátricas entienden que la esquizofrenia paranoide que padece es clínica, progresiva y permanente y no episódica y temporal como sostiene la fiscalía". En su alegado también ha afirmado que si ambas muertes se habían producido con cinco años de diferencia, lo que ha fallado ha sido "el sistema".
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