Justicia gasta un millón en buscar a víctimas del descuartizador

La Guardia Civil ha removido ya 16.000 toneladas de basuras que estaban almacenadas y separadas en el vertedero de Pinto durante la búsqueda de las dos supuestas víctimas del presunto descuartizador de Majadahonda, Bruno Hernández Vega, de 32 años. Los investigadores, pertenecientes a la unidad de Policía Judicial, calculan que estas labores le costarán al Ministerio de Justicia alrededor de un millón de euros y que se prolongarán hasta finales de enero. Los guardias buscan restos de la tía y de una inquilina del arrestado, ya que se hallaron manchas de sangre en una picadora industrial en su casa.

Bruno Hernández Vega fue detenido a mediados de abril después de que fuera denunciada la desaparición de Adriana Gioiosa, una inquilina suya, de 55 años y nacionalidad argentina. Fue un hermano suyo, Eduardo Gabriel, el que viajó desde el país suramericano hasta la capital tras recibir varios mensajes de telefonía que no cuadraban con la forma de hablar de su hermana. Además, en los mismos le decía que iba a estar en el extranjero unos días y que no podría hablar. El familiar la llamó varias veces pero nunca contestó, lo que le hizo sospechar que algo no iba bien.

El hombre se desplazó hasta su residencia, un chalé en el número 6 de la calle de Sacedillas en Majadahonda, pero no halló a su hermana. Acudió al cuartel de la Guardia Civil para denunciar su desaparición. A partir de ahí, el equipo de Policía Judicial inició una férrea investigación. Los agentes se desplazaron al chalé e interrogaron al inquilino. Al principio se mostró colaborador, pero conforme avanzaban las preguntas de los guardias se cerró en banda.

Ante estos hechos, los investigadores acudieron al juzgado de guardia, el número 1 de Majadahonda, y pidieron una orden de entrada y registro en la habitación que tenía alquilada Adriana Gioiosa, a lo que el titular accedió.

La prueba más importante fue una trituradora

El análisis de la vivienda permitió encontrar objetos personales de la inquilina y restos de sangre en el sótano de la vivienda. La prueba de convicción más importante fue una trituradora industrial hallada en el sótano. El primer análisis del ADN demostró que pertenecían a Adriana Gioiosa. Los agentes comprobaron todos los inquilinos que había tenido en los últimos tiempos el detenido y a los pocos días dieron con ellos. Algunos se habían marchado al extranjero, lo que dificultó su localización. Sin embargo, la que no aparecía por ningún lado era la tía de Bruno Hernández Vera, Lidia H. F., que también es la propietaria del chalé.

El detenido dijo que hacía cinco años que la habían ingresado en una residencia de ancianos, pero ni sus familiares ni las investigaciones en centros de Madrid y Segovia lo confirmaron. Un nuevo análisis de los restos hallados en la vivienda de Majadahonda confirmaron que también había manchas de sangre y restos orgánicos de la tía. El titular del juzgado instructor autorizó la búsqueda en un contenedor situado en una parcela propiedad de la tía en Santa Cruz de la Zarza (Toledo). Los perros policías la rastrearon el pasado 24 de abril.

El juez también ordenó que se precintarán los residuos procedentes de Majadahonda que iban a ser procesados en el vertedero de Pinto. Los agentes llevan ya más de 160 días de trabajo, con una media de unas siete horas en cada jornada. “Es una búsqueda complicada porque la máquina suelta una cantidad de desperdicios y deben mirarse en el suelo de manera minuciosa”, destacan fuentes de la investigación. “Es como buscar una aguja en un pajar, pero hay que hacerlo por si al final da resultado”, añaden.

Puede ser condenado a una pena 40 años

Hasta el momento solo se han encontrado algunos restos orgánicos de animales y poco más. En resumen, “nada reseñable”. Las citadas fuentes reconocen que ya ha pasado “mucho tiempo” y que esto juega en su contra. Cuantos más días pasen los vestigios pueden terminar ya descompuestos. Los investigadores esperan concluir la búsqueda y completar más de 20.000 toneladas a finales de enero, siempre que no exista ningún contratiempo y los agentes puedan continuar con esas tareas.

En las distintas tomas de declaración del detenido, este siempre ha negado su participación en la desaparición de la inquilina y de su tía. Fuentes de la investigación insisten en que hay indicios suficientes para acusarle de un doble asesinato. Eso supone que puede ser condenado a penas que oscilan entre los 30 y los 40 años, siempre y cuando no se le aplique alguna circunstancia atenuante. Entre ellas estaría el sufrir problemas psiquiátricos.

El detenido se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza desde su detención, a la espera de que termine la búsqueda y se complete la instrucción por el juez de Majadahonda.