La alcaldesa de Sant Cugat firmó un decreto del referéndum sin validez legal

La presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa (PDeCAT),  firmó un decreto de apoyo al referéndum del 1 de octubre que en realidad carece de cualquier validez legal. Así lo afirma el secretario municipal en un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que detalla que el documento firmado por Conesa el pasado día 7, "aunque está titulado como Decreto de Alcaldía, no tiene ni puede tener este carácter o naturaleza", ya que se trata de "una manifestación de mero posicionamiento de apoyo político" a la votación, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

El secretario destaca hasta seis puntos que revelan la falta de validez legal del texto, lo que libraría a Conesa de cualquier responsabilidad por su firma. Uno de los más destacados es que la supuesta orden carece de "ninguna parte dispositiva o resolutoria", por lo que no supone "ningún mandato dirigido a la administración municipal". Y añade que, "a diferencia de los decretos de Alcaldía, no tiene numeración ni incorpora la firma del Secretario General". Otro aspecto destacado, y que difícilmente puede desconocer Conesa, es que "las resoluciones de Alcaldía tienen que ser numeradas y transcritas en el correspondiente libro de decretos", algo que el Ayuntamiento de Sant Cugat no ha hecho.

La actuación de Conesa adquiere especial relevancia por su papel promotor, como presidenta de la Diputación de Barcelona, de la estrategia de implicar a los ayuntamientos en el desafío a las decisiones del Tribunal Constitucional. El pasado día 7, la alcaldesa publicó un tuit con dos fotos en las que se la ve firmando el texto. El mensaje afirmaba: "Acabo de firmar, como alcaldesa de Sant Cugat, el decreto de apoyo al Referéndum. #yofirmo".

Más de 700 alcaldes catalanes han sido citados a declarar por la fiscalía por haber firmado decretos de apoyo al referéndum. A diferencia de Conesa, muchos de ellos sí cumplen los requisitos formales, cosa que podrían acarrearles responsabilidades legales.

Un portavoz del Ayuntamiento de Sant Cugat afirma que el documento firmado por Conesa es "el remitido a los ayuntamientos pro la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI)  y que ha sido el secretario municipal el que se ha negado a tramitar el decreto como tal. "La alcaldesa sí tenía la voluntad de firmarlo como decreto, asume todas las consecuencias y reitera su compromiso total con el referéndum", ha añadido este portavoz.

Fuentes de varios municipios han explicado que "el texto mandado por la AMI ha sido utilizado como base para firmar un decreto con todos los requisitos formales". "Es el alcalde y su equipo el que redacta los decretos. El secretario te dice si cumple o no cumple los requisitos y si acata o no las decisiones del Tribunal Constitucional, pero quien lo redacta y firma es el alcalde", añaden estas fuentes.

La actitud de Conesa ha causado malestar en filas independentista, que censuran que "mientras muchos alcaldes de municipios más pequeños no han dudado en firmar decretos asumiendo todas las consecuencias, parece que otros de mayor relevancia han dicho en público una cosa pero han firmado otra".

Es cierto que muchos de los decretos aprobados por los alcaldes en apoyo 1-0 coinciden en la redacción, prácticamente calcada de la distribuida por la AMI a los Consistorios. Esto excluiría algunos de los puntos señalados por el secretario de Sant Cugat como requisito formal, como la redacción de una parte dispositiva o resolutoria. La mayoría, sin embargo, sí incluyen la numeración formal que deben incluir todas las resoluciones formales de los regidores. Entre los grandes municipios, así lo hicieron, por ejemplo, Sabadell o Girona.

El pleno del Ayuntamiento de Sant Cugat ha votado en la tarde de este lunes apoyar por mayoría —con los votos del PDeCAT, ERC y la CUP— el texto firmado por Conesa el pasado día 7. Ha sido la propia alcaldesa la que ha introducido una modificación en el orden del día para tratar el asunto. El Ayuntamiento defiende que con esta votación el "decreto ya forma parte de los actos jurídicos" del Consitorio.