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Referéndum del 1 de octubre
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Autoritarismo posdemocrático

La estrategia de Rajoy de llamar a declarar a 720 alcaldes, amenazar a los ciudadanos y prohibir mítines, es un intento de socialización del pánico

Josep Ramoneda
Mariano Rajoy, en el Congreso.
Mariano Rajoy, en el Congreso.Uly martín

He escrito algunas veces que el autoritarismo posdemocrático es la amenaza que se cierne sobre el futuro de las democracias liberales por la pérdida de peso que los gobiernos están sufriendo en el proceso de globalización. Con un poder económico globalizado y un poder político que sigue siendo nacional y global los problemas de gobernanza son manifiestos, la capacidad de la política de poner límites al dinero y a los mercados es cada vez más débil, incapaz de combatir el chantaje fiscal o los ataques contra la deuda del Estado. Y la impotencia genera autoritarismo. Con los gobiernos cada vez más reducidos a las funciones de seguridad y orden público, la tentación de limitar paulatinamente derechos y libertades y reforzar la dimensión represiva (con la coartada de la amenaza terrorista) es constante.

Estos días me pregunto si el gobierno de Rajoy representa un experimento en la construcción del autoritarismo postdemocrático. En este sentido la gestión del caso catalán con la renuncia, desde el primer día, a afrontarlo políticamente y con la estrategia de parapetarse detrás del poder judicial, trasladando al terreno del delito un debate que nunca tenía que salir del ámbito de la política, es un caso de estudio. Los primeros años de Rajoy fueron profundamente ideológicos, con batallas en el terreno de la educación y de los derechos personales, con una reforma laboral de clase que ha dejado a los trabajadores al margen de la recuperación, con voluntad de renacionalizar las políticas de enseñanza y de revisar la legislación del aborto. Una restauración conservadora que en parte quedó frustrada, y pagaron por ello sus principales tenores Wert y Ruiz Gallardón, por el impacto de la crisis económica, por la herida de la corrupción y por el rechazo de una parte de su propio electorado. El ritmo cambió bruscamente. De la batalla ideológica se pasó al liderazgo del hombre imperturbable, a la minimización de los problemas, a la inacción como solución. Fue la apoteosis del sentido común, como le gusta decir a Rajoy, que, según, se le recordaba con ironía está a punto de caducar.

Durante estos años, Rajoy ha ido parapetándose detrás de los tribunales, en manifiesta dejación de responsabilidades que eran estrictamente políticas, generando además una creciente confusión entre poder político y poder judicial. Fracasado en parte su proyecto de restauración ideológica, Rajoy se ha enfrentado a la cuestión catalana desde el desdén, agazapado en "un debate estéril sobre legitimidad y legalidad que no resolverá el problema" (editorial del Financial Times). Y ahora lo paga. Negó el problema político desde el primer momento. Lo traspaso a los tribunales hasta el punto de que en 2015 perpetró algo insólito en las democracias liberales: atribuir al Constitucional funciones penales, desnaturalizando su función de responsable del control de las normas. Probablemente, Rajoy ha sido víctima de un autoengaño: la creencia de que el independentismo se hundiría sólo, la fantasía de que los catalanes como siempre frenarían antes del choque, el fatalismo de un problema que está allí pero que no pudo imaginar que saliera de su ámbito habitual de confort (que en tiempos de Pujol había tenido retroalimentación mutua) Los problemas políticos se afrontan políticamente, Rajoy se negó a hacer política, nunca se planteó trabajar para construir una mayoría alternativa en Cataluña, porque siempre la ha visto como territorio ajeno, y ahora no le queda otra vía que desplegar la vía autoritaria, con el traslado a los tribunales del problema que no resolvió. Triste favor a la justicia, cuya imagen saldrá tocada de esta aventura.

Y lo hace con la única estrategia que le queda tras descartar todas las demás: buscar la propagación del miedo. Llamar a declarar a 720 alcaldes, amenazar a los ciudadanos que formen parte de las mesas electorales y a los que vayan a votar un referéndum ilegal, prohibir mítines, es un intento de socialización del pánico, que no le evitará tener que mandar a la policía el 1-0. Por su desidia. Los derechos se conquistan colectivamente, pero son siempre individuales. Nadie puede tenerlos por nosotros. De ahí, la sospecha de Yuval Noah Harari, el autor de Homo Deus: Las dictaduras del futuro, alimentadas por una masa de datos, no oprimirán más a los grupos, sino directamente a los individuos de los que se sabrá todo. Autoritarismo posdemocrático es la figura.

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