Junqueras suspende el envío de informes de gastos a Montoro

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, envió ayer una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, informándole de que dejará de enviarle los informes semanales de gasto con los que el Gobierno controla que no se destine dinero público a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. La reacción de Hacienda fue inmediata. Endurecerá aún más el control financiero sobre los gastos del Ejecutivo catalán. Asumirá directamente el pago de algunas facturas con cargo a los fondos del sistema de financiación para asegurarse que no van a sufragar el procés.

Hacienda, que ha pedido también por escrito a Junqueras que cumpla con la ley, aprobará mañana viernes medidas para aumentar el cerco sobre las finanzas del Gobierno catalán en un intento de frenar la votación sobre la independencia. Entre esas medidas, aseguran fuentes del ministerio, se contempla que la Administración central asuma el pago directo de los proveedores de los servicios básicos de la Generalitat y el pago de las nóminas de funcionarios, sin especificar cuáles.

El Gobierno catalán especificó que no rendirá cuentas semanales sobre todos sus gastos al ministerio que dirige Cristóbal Montoro, tal y como venía haciendo hasta ahora, si bien seguirá colaborando con las medidas de estabilidad presupuestaria. Hace dos meses, Hacienda exigió al Govern un control adicional y preventivo sobre sus facturas para asegurarse de que no se destinaría ni un euro de dinero público para organizar el referéndum ilegal del 1-O.

El ministerio adoptó en su momento la medida tras detectar una desviación de 6.150 euros en la partida de “organización, gestión y seguimientos de procesos electorales”. De encontrarse gastos similares, el Gobierno central amenazó con paralizar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con el que Cataluña paga a las farmacias y a los proveedores. Además, advirtió que de no enviar los reportes tendría “consecuencias penales”.

Durante varias semanas, la Generalitat informó a Hacienda de los gastos semanales, además de los reportes mensuales que ya venía haciendo para velar que se cumpliera el principio de estabilidad presupuestaria. De hecho, a finales de agosto, Montoro aseguró que el Govern certificaba cada semana que “no destina un euro” al procés. Pero el ambiente se ha crispado tras la aprobación la semana pasada de las llamadas leyes de desconexión en una polémica sesión en el Parlament.

“Control político”

De hecho, Junqueras esgrime estas leyes —actualmente suspendidas por el Tribunal Consititucional— para justificar su desobediencia a las medidas de control de Hacienda. “Este nuevo régimen jurídico excepcional es incompatible con las medidas establecidas en el acuerdo de la comisión delegada para asuntos económicos [que obligaba a la remisión semanal de gastos], ya que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia”, dice la carta del vicepresidente.

Desde la Generalitat califican la medida de vigilancia como una herramienta de “control político” y por eso Junqueras “exime y dispensa a los responsables pertinentes de la obligación de remisión de la información requerida”. Junqueras aprovechó para reivindicar las mejoras de la situación financiera de la Generalitat.

La reacción del Gobierno central fue inmediata. Montoro respondió a la carta del vicepresidente catalán haciendo un llamamiento a cumplir la ley. De no hacerlo, advierte, “se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que la Generalitat se atiene al cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria”.

Hacienda también rechazó que Junqueras invoque las leyes de desconexión para justificar su decisión de no continuar con los informes semanales. “El contenido de citadas normas se deduce que no es precisamente, ni la sostenibilidad financiera, ni el equilibrio presupuestario, ni velar por el interés general, sus objetivos prioritarios, sino que representan un ataque directo a los mismos”, dice la misiva que Montoro envió ayer al vicepresidente catalán.

Hacienda insiste en que mantendrá el FLA y que sus recursos seguirán llegando a la Generalitat pero preparará más medidas de control. El Consejo de Ministros prevé hoy estrechar aún más el control financiero sobre la Generalitat. Hacienda ultima un instrumento legal que le permita pagar directamente algunas facturas de servicios básicos de Cataluña con cargo a los fondos del sistema de financiación. Es decir, los proveedores que quieran cobrar determinadas facturas serán atendidos directamente por Hacienda. Fuentes del ministerio también aseguran que el Gobierno central planea asumir el pago de las nóminas de los funcionarios, aunque no aclara el alcance de esta medida. El gasto en personal de la Generalitat ronda los 9.000 millones de euros.

De esta forma, el Ejecutivo central se asegura aún más que el dinero procedente de la financiación autonómica no pague el referéndum. El Ejecutivo central estudia también otros controles financieros adicionales para que no se paguen facturas relacionadas con la consulta través de transferencias bancarias.

El paso dado por Junqueras añade presión a la delicada relación entre la Generalitat y el Gobierno central y eleva el nivel de confrontación. Sin embargo, sorprende que en su carta, Junqueras afirme que sigue comprometido con “la estabilidad presupuestaria y financiera de Cataluña y de España”.