La dignidad de los juristas

La lamentable sesión parlamentaria de la pasada semana en la cámara catalana la salvaron el valor moral de los letrados del Parlamento y de los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias y el coraje y los buenos argumentos de los líderes de la oposición. En este artículo me referiré sólo a los primeros, aunque los segundos merezcan igualmente ser efusivamente felicitados.

Ser jurista en un órgano judicial o de control a veces no es fácil. Hay que ser una persona con grandes convicciones democráticas para saber enfrentarse a ciertas situaciones complicadas. ¿A qué me refiero? A las ocasiones en que el contenido de las leyes que deben interpretar y aplicar es contraria a sus creencias más profundas.

Pongamos el caso de un juez católico, convicto demócrata pero seguidor estricto de la doctrina vaticana, que debe aplicar una ley que permite el aborto. Es evidente que su conciencia religiosa le dice una cosa y la ley otra muy distinta. ¿Peca contra la religión si aplica la ley? ¿Infringe su deber como juez si no la aplica? Es obvio que debe aplicar la ley, sin remordimiento de conciencia alguno, porque actúa en nombre de la ley, no en nombre propio, y el juez no es responsable de su aprobación sino que esta responsabilidad recae en los diputados que la han votado.

El juez, como tal, está sometido sólo al imperio de la ley, y debe destacarse el término “sólo”: no puede recibir órdenes de ninguna autoridad, ni política ni judicial, aunque sea de un juez de mayor rango, por ejemplo del Tribunal Supremo. Nadie puede dar órdenes a un juez en su estricta labor jurisdiccional. Él debe decidir el fallo tras haber argumentado en base a las normas aplicables y de acuerdo con los métodos de interpretación admitidos por las leyes y la doctrina jurídica. Sólo debe exigírsele que el veredicto final sea congruente con esa operación intelectual.

Esa es la labor de los jueces y de los demás miembros de los órganos de control jurídico: a un lado dejan sus convicciones, aún las más acendradas, y únicamente se limitan a interpretar las leyes conforme a las reglas jurídicas establecidas. En esto han sido ejemplares, la semana pasada, los letrados del Parlamento de Cataluña y los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat.

Conozco a muchos de ellos, antiguos colegas, y puedo asegurar que en algunos casos son personas de firmes convicciones nacionalistas y, seguro, en ciertos casos, partidarios de una Cataluña independiente, separada de España. Pues bien, aún en esos casos, han sabido anteponer su condición de demócratas a sus creencias más íntimas, ha prevalecido su función como profesionales del derecho a sus ideas. Chapeau, amigos!

Frente a las presiones políticas, frente al tenso ruido medioambiental que os quería amedrentar, os habéis mantenido firmes, habéis sabido resistir y cumplir con vuestro deber de juristas, también de ciudadanos que saben sobradamente que la democracia debe encauzarse a través del derecho porque las leyes en nuestro país son el resultado de procesos democráticos. No habéis caído en ese profundo error según el cual la democracia está por encima del derecho, sabéis que en el constitucionalismo la democracia y la ley son inescindible, digan lo que digan los populistas de cualquier signo. Habéis sabido defender la voluntad popular frente a quienes la estaban conculcando, aconsejados por juristas de una condición ética muy distinta a la vuestra.

No puedo alabar, en cambio, vuestra sabiduría jurídica: los casos que se os han planteado son fáciles, un mediano alumno de primero de derecho lo tendría tan claro como vosotros. Los preceptos del reglamento parlamentario que se aplicaron estaban suspendidos, así pues toda la sesión ya venía viciada desde su mismo origen. Sólo había que empezar a leer los tres primeros artículos de la ley de Referéndum, la primera que se votó, para darse cuenta de que se trataba de un enorme disparate: se regula el inexistente derecho de autodeterminación, se sostiene que la soberanía reside en el pueblo de Cataluña, se sitúa a dicha ley por encima de la Constitución y del Estatuto de autonomía. Todavía peor es la ley de Transitoriedad, ambas aprobadas aposta para que se anulen, una simple provocación para hacerse las víctimas.

Puigdemont no quiere ningún referéndum, sólo convertirse en mártir, un nuevo Companys. Pero vosotros, en esta Cataluña de cínicos e irresponsables, habéis salvado la dignidad de los juristas.