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homicidios

Admitida la personación de la Comunidad en el caso de la auxiliar de Alcalá

La juez rechaza que otros colectivos puedan estar en el proceso por falta de legitimación

Entrada del hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Ampliar foto
Entrada del hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares (195.900 habitantes), María Belén Pérez Salido, ha admitido la personación de la Comunidad de Madrid como acusación particular en el caso abierto contra la auxiliar de enfermería del hospital Príncipe de Asturias, Beatriz L. D., de 37 años. Esta trabajadora está imputada por un delito de homicidio, al considerar que mató a una paciente de 86 años que estaba a punto de recibir el alta médica. La Policía Nacional investiga otros siete casos de muertes sospechosas por si esta empleada pudiera ser su causante.

La muerte de la enferma se produjo a mediodía, cuando estaba pendiente de salir del hospital en las próximas 24 horas. Estaba ingresada en la unidad de Medicina Interna, situada en la quinta planta del hospital. A los médicos de este departamento les llamó la atención que la mujer, que había sufrido una descompensación de glucosa falleciera de manera tan repentina. Por ello, pidieron permiso a su familiar directo, un hermano, que les autorizara a hacer una prueba de diagnóstico por imagen. Los facultativos se la realizaron al día siguiente y hallaron gran cantidad de aire en el corazón, en los vasos sanguíneos de los pulmones, el cuello e incluso en la zona suprarrenal.

El arresto de Beatriz L. D. se produjo el 5 de agosto en el domicilio de sus padres, en el propio municipio alcalaíno, después de que los facultativos avisaran a la Policía Nacional y al juez de guardia. Este decretó que no se tocara el cuerpo, que fue trasladado al Instituto Anatómico Forense. La juez que lleva el caso había autorizado un año antes la instalación de una cámara de videovigilancia en el pasillo, tras detectarse una muerte sospechosa el 5 de agosto de 2015. Los investigadores no pudieron concluir si hubo un asesinato y quién lo había cometido.

El Gobierno regional solicitó, tras la detención de la auxiliar, personarse en el caso, a través de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. La magistrada Pérez Salido ha firmado esta semana una providencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que admite esta petición. En la misma rechaza otras tres acusaciones particulares: una, porque desiste el propio solicitante; otra, porque no tiene relación con los hechos investigados. La tercera fue la presentada por el abogado de la asociación El Defensor del Paciente. La titular del juzgado alcalaíno mantiene en su escrito que este colectivo no cumple los requisitos recogidos en los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entre ellos, destaca que deben ser autorizadas por las víctimas de los delitos o por sus familiares directos.

La providencia también recoge que se tienen por aportados a la causa los cuadrantes del personal de enfermería que trabajó el día en el que se produjo la muerte de la paciente. También se encuentra en el sumario las imágenes captadas por la cámara de videovigilancia instalada en el módulo B de la quinta planta. Por último, se da traslado al ministerio fiscal para que informe sobre la extracción y recuperación de toda la información del teléfono móvil propiedad de la auxiliar enfermería. Este le fue intervenido durante la detención, junto con otros objetos que tenía en la taquilla del centro hospitalario.

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