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La policía investigó en 2015 siete casos sospechosos en el hospital de Alcalá

Los agentes también pidieron el listado de los empleados de la unidad de Medicina Interna

Dos personas entraban ayer en el hospital Príncipe de Asturias de Alcalá. Ampliar foto
Dos personas entraban ayer en el hospital Príncipe de Asturias de Alcalá.

La sospecha de que se estaban produciendo muertes en extrañas circunstancias en el hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares se remonta a mediados del verano de 2015. El fallecimiento de una paciente despertó las sospechas de los profesionales del centro y los agentes de la policía pidieron las historias clínicas de siete pacientes que estaban ingresados en la unidad de Medicina Interna, según fuentes de la investigación. Su estudio no permitió incriminar a ninguno de los empleados destinados a ese departamento, por lo que se autorizó la instalación de una cámara de vigilancia.

La muerte de la paciente, cuyo nombre corresponde a las iniciales L. M., de unos 80 años, se produjo a finales de julio. Su estado era bueno y su alta médica podría producirse en las próximas horas. Sin embargo, el repentino empeoramiento y la muerte casi instantánea hicieron sospechar a los responsables de la unidad de Medicina Interna, situada en la quinta planta del hospital de Alcalá de Henares (195.900 habitantes). Este mismo patrón se repitió, supuestamente, en la muerte producida el pasado miércoles 2 de agosto y que le costó la vida a una enferma de 86 años.

El estudio forense de la paciente L. M. concluyó que esta había fallecido de una embolia gaseosa masiva, es decir, que los facultativos hallaron también en este caso presencia de aire en los conductos sanguíneos de la paciente. No había, por tanto, ninguna explicación para que se produjera esto.

Los médicos pusieron en conocimiento de la policía todo el caso por si fuera constitutivo de un delito de homicidio e incluso de asesinato. Los agentes de Homicidios pidieron los historiales clínicos de siete enfermos que habían estado ingresados en la misma planta, en el mismo sector (el B) y en la misma unidad.

Listado de trabajadores

Los policías también solicitaron el listado de todas las personas que habían estado trabajando en ese departamento entre el 1 de enero y el 1 de agosto de ese mismo año, además de las cartas de felicitación, quejas y sugerencias que habían recibido los trabajadores asignados al mismo.

El análisis de toda esa información no permitió deducir si se había producido una serie de muertes violentas o, por el contrario, se hallaban ante casos fortuitos, salvo el último de la mujer fallecida por embolia gaseosa masiva. De hecho, no se recopilaron pruebas que permitieran incriminar a nadie. De ahí que la juez permitiera la instalación de la cámara de videovigilancia en el pasillo del sector B. Esto se mantuvo en estricto secreto para no perjudicar la investigación. La autorización judicial se renovó cada mes.

La propia presidenta regional, Cristina Cifuentes, reconoció el pasado jueves que la policía les comunicó la investigación abierta y que les pidió que esta se mantuviera "sigilosa" para evitar que se frustrara. De ahí, que no trascendiera ningún dato de la videocámara y de las investigaciones que se estaban desarrollando.

La investigación entró en vía muerta, ya que no se produjeron más muertes en extrañas circunstancias una vez que fue instalada la cámara. En ese periodo también se produjo una baja médica por un accidente laboral de la auxiliar de enfermería del Príncipe de Asturias, Beatriz L. D., acusada de haber asesinado el 2 de agosto a la paciente C. D., de 86 años. Esta profesional estuvo sin acudir a su puesto de trabajo por una lesión en un brazo y una muñeca entre el 16 de diciembre de 2015 y el pasado 5 de mayo, según fuentes de la investigación.

Descompensación

La mujer C. D., de 86 años, ingresó el pasado 28 de julio tras sufrir un cuadro de descompensación en el nivel de azúcar, pero gracias a la medicación facilitada se recuperó en cinco días. Los médicos le iban a dar el alta en cuestión de 24 horas dada su favorable evolución.

Por eso, la muerte repentina y sin motivo aparente hizo recuperar todas las sospechas que se fraguaron hace dos años. Eso sí, los investigadores contaban esta vez con un as en la manga. La grabación de la cámara permitió ver quienes fueron las últimas personas que estuvieron en contacto con la fallecida. Antes se le había practicado al cuerpo de la fallecida un TAC (un escáner) en el que se apreció una cantidad masiva de aire en los conductos sanguíneos, lo que incluía el corazón, las arterias pulmonares, las venas del cuello e incluso las suprarrenales, entre otras. El hermano de la fallecida accedió a que se le practicara esta prueba, dada las circunstancias de la muerte.

Los agentes detuvieron a los tres días a Beatriz L. D., acusada de un delito de asesinato en el que concurría la agravante de alevosía. La paciente no tuvo oportunidad de defenderse a consecuencia de su avanzada edad.

La arrestada se encuentra ingresada en prisión provisional comunicada y sin fianza en el módulo de mujeres de la cárcel de Alcalá-Meco, por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad alcalaína.

Enfrentamiento político en la Red por la auxiliar

La detención de la auxiliar de enfermería del hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Beatriz L. D., de 37 años, terminó ayer con un enfrentamiento en Twitter entre el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea, José Manuel Freire, y el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos. Todo ello surgió a raíz de la publicación por parte de EL PAÍS de que el juez había autorizado la instalación de una cámara de videovigilancia en el pasillo de la quinta planta del centro, donde trabajaba la supuesta asesina.

José Manuel Freire, exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco, publicó un tuit en el que defendía la seguridad de los enfermos: “La primera obligación de la administración sanitaria es proteger a los pacientes, no obtener pruebas policiales”. Este texto enlaza a la noticia de este periódico. Criticaba así que no hubieran tomado medidas para evitar la muerte de la paciente de 86 años.

El consejero salió en defensa de su actuación a lo largo de cinco tuits seguidos, en los que reprochaba que Freire intentara, en su opinión, “sacar rédito político por un caso tan serio”. El más polémico fue el tercero: “No puedo aceptar que trate de crear una alarma innecesaria sobre la seguridad y protección de pacientes y profesionales”. “El mensaje debe ser de tranquilidad y seguridad en ese gran hospital Príncipe de Asturias. Gracias al trabajo de todos ayudando a la justicia, la policía ha podido detener a esta persona, sin criminalizar su profesión, como sospechosa de la muerte de la paciente”, añadió en los siguientes.