Puigdemont alimenta la opción del decreto para validar el referéndum

El decreto ley gana fuerza como opción para que el independentismo apruebe la ley del referéndum ilegal. Pese a las presiones de la CUP, que opta a aprobar esa norma y la de ruptura cuanto antes y en sede parlamentaria, el portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull, ha afirmado hoy que “todavía quedan muchas vías” para dar luz verde a ambas leyes y restó importancia a cómo se aprueba, en consonancia con Junts pel Sí. “Nos gustaría hacerlo de otra manera, pero nos encontramos con un Estado que aplica acciones contra Cataluña por carácter ideológico”, ha argumentado, en referencia a la anulación de la lectura única.

Quizás el reloj haya comenzado a convertirse en el peor aliado de Junts pel Sí para sacar adelante su plan de celebrar la consulta ilegal. A poco más de 30 días y, pese a la afirmación de Turull, el Gobierno catalán no tiene muchas alternativas para resolver la aprobación de ese articulado, que será inmediatamente suspendido por el Tribunal Constitucional (TC), porque el Gobierno central prevé recurrirlo inmediatamente.

Anulada la posibilidad de tramitar por lectura única el texto —el TC suspendió ese artículo en la modificación del reglamento del Parlament—, al frente soberanista le quedaban dos opciones: aprobarlo en el Parlament utilizando la modificación in extremis del orden del día u obviar al legislativo y que sea el Gobierno de Carles Puigdemont quien asuma la responsabilidad de aprobar la ley a través de un decreto. Es una opción que no concibe el Estatut, que limita la posibilidad de utilizar el decreto para modificaciones legislativas de la magnitud que se pretende ahora. Y que también se critica desde filas de la CUP, que quieren dar el mayor rango a la Cámara y precipitarlo todo el 6 de septiembre.

Pero Junts pel Sí sabe desde ayer que la opción que baraja desde hace semanas de aprobar esas dos leyes de desconexión en el Parlament podrían quedar en vía muerta no solo por el rechazo que generan entre los partidos de la oposición, sino porque estos creen tener argumentos y avales jurídicos que le permitirían frenar ese camino. Tanto en las filas del PSC como de Catalunya Sí que Es Pot admiten que el artículo 81.3 permitiría modificar el orden del día e introducir una votación improvisada en el pleno, pero no que eso suponga que se pueda aprobar una ley que apenas unos instantes antes habría sido admitida a trámite por la mesa.

Enmiendas

Los socialistas defienden que un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias redactado especialmente para valorar la modificación del reglamento del Parlament sostiene que, pese a que esa votación se introdujera, la ley tendría que seguir su tramitación ordinaria, por lo que se tendría que abrir un periodo de exposición pública y de presentación de enmiendas, incluso de abrir una ponencia. El calendario impediría entonces su tramitación parlamentaria a no ser que este ejecutara otro ejercicio de desobediencia —el más importante hasta ahora— y apostara por ejecutar el trámite de lectura única que fue anulado por el Constitucional. La presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, no apoyaría esa vía, que complicaría todavía más sus querellas por desobediencia y prevaricación.

Si es así, el Gobierno se quedaría con la única vía del decreto ley, que podría aprobar cuando quiera —con una reunión extraordinaria del Ejecutivo— y publicarla en el Diario Oficial de la Generalitat incluso el mismo día, con una edición extraordinaria. La validación necesaria en estos casos en el Parlament —existe un margen de 30 días— se quedaría en nada, porque en ese periodo supuestamente ya se habría celebrado el referéndum. La suspensión del TC llegaría una vez publicada en el DOGC, así que ya se habría dado la imagen que pretende el Gobierno de Carles Puigdemont de que la legislación está lista. Cabe incluso la posibilidad de que la ley y la firma de convocatoria del referéndum se publiquen en el mismo diario oficial, por lo que el desafío llegaría por duplicado.

Esos planes, sin embargo, disgustarían a la CUP, que siempre ha defendido que ha de ser el Parlament, representante de la soberanía catalana, el que asuma la responsabilidad de aprobar dos leyes de calado como las del referéndum y la transitoriedad jurídica. Este mismo martes, una de sus diputadas, Gabriela Serra, ha vuelto a sorprender a Junts pel Sí con una nueva exigencia: que las dos normas, ahora que ya han sido registradas, se aprueben conjuntamente en el pleno de la próxima semana. “Nos parece que sería lo lógico”, dijo para obligar al Gobierno que desvele los detalles del referéndum. El Ejecutivo se negó ayer a revelarlos hasta que las leyes pendientes sean aprobadas.