Asuntos Sociales estudia aumentar la ratio de cuidadores en las residencias

Los coletazos de los recortes que asolaron el sector de la dependencia durante el gobierno de Artur Mas todavía se resienten en las residencias catalanas. Los sueldos de los cuidadores no llegan a 1.000 euros y la presión asistencial no baja. Las patronales avisan además de una situación financiera “límite”, pues las tarifas que paga el Govern por plaza concertada están congeladas desde 2010, pero los costes de vida, dicen, han aumentado un 10%. El Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales estudia aumentar la ratio de cuidadores en las residencias y que las nuevas licitaciones primen criterios técnicos por encima de los económicos.

La polémica por el caso de las cinco residencias en las que vecinos y familiares denunciaron falta de personal e irregularidades en la higiene de los ancianos, en la administración de alimento y medicación y en la falta de actividad de los usuarios, lanzó la voz de alarma. De hecho, tras un brote de sarna en uno de estos cinco centros (la residencia El Molí en Nou Barris), el Departamento suspendió cautelarmente su gestión a la UTE Ingesan-Asproseat, filial de la constructora OHL y adjudicataria también de las otras cuatro residencias. Asuntos Sociales anunció un refuerzo de la plantilla en las cinco residencias (tres trabajadores por planta en cada geriátrico) y se comprometió a no prorrogar la concesión de las cinco residencias a la UTE Ingesan-Asproseat, por lo que en 2018 estos geriátricos volverán a salir a concurso público.

En el fondo del asunto están las licitaciones a la baja, que en este caso ganó la filial de la constructora OHL con una rebaja de precios de hasta el 15% de lo que estipulaba la Generalitat. El Departamento reconoció que “las últimas licitaciones redujeron la presencia de profesionales de atención directa, pese a estar dentro de las ratios legales” y admitió que todo es consecuencia de “los ajustes presupuestarios” entre 2011 y 2015. “Es cierto que con la atención efectiva de profesionales tan ajustada a la ratio, cualquier baja no prevista o absentismo por parte de los profesionales crea un impacto directo en la atención a los usuarios”, reconoció la Generalitat. En este sentido, una portavoz del Departamento explicó que “se van a revisar los pliegos de cara a próximas licitaciones porque desde 2012, se priman criterios económicos” por encima de cuestiones más técnicas.

Cataluña dispone de 38.507 plazas de residencia con financiación pública. De ellas, solo el 13% son propiedad de la Generalitat. El resto son plazas concertadas a empresas privadas del sector. Y precisamente estas entidades han denunciado también la situación de “abandono” que viven los centros residenciales. Patronales y sindicatos han exigido a Asuntos Sociales una inyección de 300 millones en tres años para “poder situar las tarifas públicas al nivel necesario para dignificar el sector”. Durante la crisis, el presupuesto para residencias se redujo en más de 43 millones de euros en dos años, pasando de 637,1 en 2011 a 593,9 en 2013, la época más dura del tijeretazo.

El Departamento ha contestado a las demandas de empresarios y trabajadores (más de 40.000 según las patronales, el 90% mujeres) con “un plan de mejora de la calidad y sostenibilidad de las residencias de ancianos” que discutirá con el sector. Entre las medidas propuestas, la consejera del ramo, Dolors Bassa, se aviene a hacer “los ajustes necesarios en la cartera de servicios”, como establecer nuevas ratios, perfiles y horas de profesionales para atender a las nuevas necesidades. Asuntos Sociales ha reivindicado además el “esfuerzo” del Departamento desde que Bassa llegó al cargo en 2016 —ha aumentado el presupuesto hasta los 629,9 millones, pero todavía no ha llegado a las cifras de antes de la crisis—: “Se han puesto en marcha 1.600 nuevas plazas colaboradoras con una inversión de 34,6 millones de euros y se ha aumentado por primera vez la tarifa del módulo de residencia de los usuarios con dependencia de grado II en un 3,5%”.

Mejoras insuficientes

Con todo, el sector ve estas mejoras insuficientes y alertan de que “las tarifas públicas son las que condicionan las condiciones de trabajo”. “Queremos un incremento de las tarifas para dignificar los sueldos de los trabajadores. Son muy bajos y no encontramos gente porque no llegan a mileuristas, los horarios son muy duros y el trabajo también”, admite Vicente Botella, responsable de UPIMIR, la patronal de las pequeñas y medianas residencias.

Pilar Ceprián lleva 23 años como auxiliar de enfermería en una residencia pública. “Ya entonces trabajábamos bajo mínimos pero el 50% de los abuelos eran independientes, se hacían la cama solos… Ahora, el 99% de los ancianos necesitan asistencia para todo, son grandes dependientes, y el personal es el mismo que hace 20 años”, explica la trabajadora. Las ratios actuales, asegura, están “obsoletas” —un cuidador por cada 10 ancianos— y culpa a la Generalitat de la “situación de impotencia” que viven los trabajadores. “No llegamos a todo. Por la noche estamos una compañera y yo a cargo de 72 personas. En los comedores y en las salas comunes están solos también y esto provoca caídas, una detrás de otra. Estamos en un estado de ansiedad porque, si pasa algo, ¿qué? ¿Es una negligencia? Pero, ¿de quién? La Generalitat sabe que está pasando esto”, denuncia.