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Los vecinos denuncian malos tratos en cinco residencias públicas de Barcelona

Asociaciones de vecinos y familiares de los afectados piden a la Generalitat que exija calidad a las empresas que las gestionan

Un anciano en una residencia para gente mayor.
Un anciano en una residencia para gente mayor.

Una plataforma de nuevo cuño, SOS Gent Gran, y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) han protestado a lo largo de este jueves en la Plaza Sant Jaume para reclamar servicios de calidad en las residencias para gente mayor y dependiente. Ante el Palacio de la Generalitat, los manifestantes denuncian "malos tratos" en cinco residencias de la ciudad, las que están gestionadas por la UTE Ingesan-Asproseat, de la constructora OHL. La empresa defiende que su plantilla está dentro de la proporción legal con respecto a los usuarios, pero las familias lamentan que los despidos de personal han derivado en deficiencias de calidad. La queja ha sido recogida por la Síndica de Barcelona.

Los reclamantes consideran que las personas ingresadas no reciben una atención adecuada, que se producen problemas de gestión y que las condiciones de los centros se están deteriorando. "Cuando estas cinco residencias públicas salieron a concurso, hubo un periodo de prueba en el que la empresa respetó la plantilla anterior", explica Marcel·la Güell, de la FAVB. "No obstante, cuando terminó el periodo de prueba empezaron a despedir a personal, hasta el punto de que ahora es totalmente insuficiente", añade, y detalla que OHL se presentó al concurso con un presupuesto un 14% menor que el que manejaba la Generalitat.

"Necesitamos que se abra un debate sobre la dependencia y la calidad de las residencias", reivindica Güell. Las entidades anuncian más movilizaciones para la semana que viene, y piden a las Administraciones que tomen cartas en el asunto.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato hacia las Personas Mayores, también el sindicato UGT de Cataluña ha denunciado la falta de recursos personales y económicos que la Administración dedica a su atención y a la dependencia. El sindicato ha alertado de "malos tratos institucionales por omisión", ya que, entre marzo de 2016 y marzo de 2017, 4.389 solicitudes de valoración de grado de dependencia no se han podido realizar por caducidad, desestimiento y defunciones, el mismo motivo por el que no se han hecho hasta 28.204 Programas individuales de atención (PIA).