El consorcio tapia pisos en La Mina para evitar ocupaciones

El Consorcio del barrio de la Mina de Sant Adrià del Besòs tapió ayer decenas de pisos de protección oficial que llevan años vacíos. La decisión, apresurada, se tomó después de que decenas de vecinos —la mayoría de ellos integrantes de diferentes clanes del barrio— ocuparan, la tarde del martes y de forma organizada, 40 viviendas.

Agentes de los Mossos d’Esquadra tomaron ayer las calles (Anna Frank, Manuel Fernández Márquez, Mercè Rodoreda y la rambla de la Mina) donde se encuentran los inmuebles a los que han accedido los ocupas. Los policías estaban ayer preparados para desalojar los pisos si el juez daba la orden. Una decisión que podría desembocar en una verdadera batalla campal en el polémico barrio de Sant Adrià del Besòs.

La ocupación masiva tiene mucho que ver con la detención, el pasado 19 de junio, del concejal del PSC Juan Carlos Ramos, acusado de desviar dinero del consorcio destinado a la vigilancia de pisos vacíos y dárselos a Ángel Amaya Montero, más conocido como el Tío Cristina, del clan de Los Manolos.

El consorcio impulsó hace décadas la construcción de más de 400 pisos destinados a viviendas sociales. Estas fueron llenándose salvo algunas decenas reservadas para acoger a los vecinos del edificio Venus una vez que sea derribado.

Precisamente eran estos pisos vacíos las que vigilaba el Tío Cristina. El patriarca, de 74 años, tras la detención se desentendió de la protección de los inmuebles. El martes, ante la falta de vigilancia, miembros del clan los Manolos y de otros de La Mina accedieron a los pisos.

Varios vecinos del barrio, siempre guardando el anonimato, denunciaron ayer que es una nueva demostración de fuerza de los diferentes clanes.

Los ocupas defendían ayer la inocencia del Tío Cristina. “Él estaba trabajando, le daban 1.500 euros al mes y no entraba nadie a los pisos solo por el respeto que entre los gitanos se tiene a Los Manolos. En el momento en que los Mossos detienen al Tío sin tener ninguna culpa decidió anular la vigilancia”, aseguró ayer una joven que ha ocupado un piso en el número 9 de la calle Mercè Rodoreda. Los ocupas hacían ayer vigilancias para detectar cuándo van a actuar los agentes. Los Manolos aseguran ser víctimas de las malas prácticas del consorcio: “Hemos entrado en los pisos porque necesitamos un lugar para vivir con nuestros hijos”.