Dos sindicatos publican guías sobre cómo actuar ante el referéndum

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha publicado este miércoles, tras meses de anuncios, un protocolo para sus afiliados sobre “cómo actuar ante una orden ilegal”, de cara a posibles gestiones orientadas a la preparación del referéndum independentista de octubre. La guía llega casi una semana después de que CATAC, una organización comprometida con el derecho a decidir, enviara una circular similar a sus afiliados en la que se invitaba a recurrir a la Fiscalía si se recibe una orden que pueda ir contra la ley.

El hecho de que estos dos sindicatos tengan posicionamientos tan diferentes respecto al referéndum -aún sin convocar- muestra la división que existe entre los servidores públicos respecto a las garantías que hasta el momento ofrece la Generalitat para cubrir a los funcionarios ante un eventual choque de legalidades. Los dos sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, se han mostrado partidarios de una votación acordada con el Estado y se muestran confiados en que el Govern cumplirá su palabra de no involucrar a los servidores públicos. De momento, sin embargo, las dudas persisten.

CSIF tiene unos 8.000 afiliados y su mayor representación está en la Administración de Justicia y prisiones. Según su presidente en Cataluña, Joan Escamilla, la guía titulada “Cómo actuar ante una orden ilegal” se ha enviado por correo electrónico a todos los afiliados y en septiembre, cuando comience el curso escolar, se repartirá por los centros educativos. “Son el eslabón clave delante una convocatoria”, ha recordado Escamilla.

“¿Cómo identifico una orden manifiestamente ilegal?” se pregunta el folleto, un folio que consta de tres preguntas y datos de contacto. “Empieza a sospechar cuando haya contradicción entre el criterio del Gobierno Central y el de la Generalitat”, dice el texto. “Cuando recibas una orden que te provoque dudas pídela por escrito a tu superior lo antes posible. De esta manera te guardas las espaldas”, sugiere la guía, que el sindicato había prometido desde que en abril trascendieran unas declaraciones del diputado Lluís Llach sobre las sanciones a las que se enfrentarían los funcionarios que no obedecieran la ley de transitoriedad jurídica del Parlament.

El sindicato, en realidad, se limita a recoger lo que ya dice un decreto de la Generalitat de 1997 sobre función pública: “Si las órdenes, a su juicio, fueran contrarias a la legalidad, podrá solicitar su confirmación por escrito, y, recibida esta, comunicar inmediatamente por escrito la discrepancia al jefe superior, quien decidirá. En ningún caso se cumplirán órdenes que impliquen la comisión de delito”.

Esta normativa es la misma a la que apela CATAC, mayoritario en el sector de la enseñanza. Esta organización, sin embargo, da un paso más allá al animar a recurrir a la Fiscalía si se recibe una orden que pueda ir contra la ley. CATAC es más clara al advertir que se puede estar en un choque de órdenes “ilegales” tanto desde la Generalitat como del Gobierno central. El sindicato emitió esta circular después de que la Guardia Civil interrogara a varios funcionarios.