El fiscal denuncia a un exdelegado de Educación por nombramiento ilegal
La Fiscalía de Sevilla atribuye a los implicados un presunto delito de prevaricación
La Fiscalía de Sevilla ha denunciado al exdelegado de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla Francisco Díaz Morillo por un presunto delito de prevaricación por el nombramiento "ilegal" de una profesora para cubrir un puesto docente en el Polígono Sur, dándose la circunstancia de que el padre de ésta era jefe de Inspección del Servicio Educativo de la Junta en Sevilla.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público denuncia a Díaz Morillo; a la que fuera jefa de Servicios de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, Carmen Liébana; al exjefe de Servicios de Gestión de Recursos Humanos de la Delegación Luis Miguel Sanchís Ahulló, y a la propia beneficiada por la designación.
La Fiscalía dice que los tres excargos de la Delegación Territorial de Educación habrían cometido un delito de prevaricación en su modalidad de nombramiento "ilegal", puesto que tanto Carmen Liébana como Luis Miguel Sanchís "propusieron" a la denunciada "para un puesto público pese a conocer que no reunía los requisitos necesarios para ello" y Díaz Morillo "llevó a cabo" el nombramiento.
De su lado, la finalmente beneficiada por la designación "aceptó la propuesta concreta de su nombramiento aún consciente de que carecía de los requisitos legales para ello", por lo que también podría haber incurrido en un delito de prevaricación, según pone de manifiesto el Ministerio Público en la denuncia elevada a los juzgados.
La Fiscalía relata que, en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y el Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla de fecha 11 de noviembre de 2004, se establecía la adscripción por parte de la Consejería de cuatro profesores de cualquiera de los cuerpos docentes no universitarios al segundo de los organismo referidos.
En los meses de verano de 2014, "al parecer, se produjo una vacante entre el profesorado adscrito al Comisionado", señala el fiscal, que agrega que, según el referido convenio, para cubrir la plaza "era necesaria la designación por parte de la Consejería de Educación a propuesta de la comisión de seguimiento del convenio, compuesta por dos representantes de la Consejería y dos del Comisionado".
El Ministerio Público asevera que, "evidentemente, antes de realizar dicha propuesta, había que llevar a cabo una selección de candidatos, previo concurso de méritos", candidatos que "debían pertenecer a un cuerpo docente y además o ser funcionario de carrera sin destino o con destino o puesto suprimido, o bien personal seleccionado en convocatoria de proceso selectivo de ingreso a cuerpos docentes de la función pública o funcionarios interinos integrantes de las bolsas de trabajo de los distintos cuerpos docentes".
Tres candidatos
En este sentido, explica que los representantes del Comisionado propusieron tres candidatos y la entonces jefa de Servicios de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, "quien no consta formara parte de la comisión de seguimiento del convenio", propuso a A.M.M. "pese a ser consciente de que no reunía los requisitos necesarios para dicho nombramiento".
Y es que, según agrega, no "era funcionaria de carrera ni había superado ningún proceso selectivo de ingreso en los cuerpos docentes de la función pública ni era integrante de ninguna bolsa de trabajo para acceder a cualquiera de los cuerpos docentes".
Esta denunciada, "pese a carecer de cualquier competencia para ello", propuso "verbalmente" a A.M.M. al entonces jefe de Servicios de Gestión de Recursos Humanos de la Delegación de Educación en Sevilla, "quien pese a ser consciente de todo lo anterior, procedió" a inscribirla con efectos de 1 de septiembre de 2014 para el desempeño de un puesto como docente en el Polígono Sur.
La Fiscalía dice que "el nombramiento definitivo" como funcionaria interina "se produjo por resolución" de Díaz Morillo de fecha 1 de septiembre de 2014, pese a que el entonces delegado de Educación "era plenamente consciente del ilegal procedimiento de selección y de todas las circunstancias antes referidas, y pese a ello dictó la mencionada resolución".
Hija del jefe de la Inspección
En este punto, concreta que, "en realidad", la designada para el puesto es licenciada en Comunicación Audiovisual y en el momento de su nombramiento "no figuraba inscrita en ninguna bolsa de interinidad de la Consejería de Educación", no obstante lo cual "apareció" el día 9 de septiembre de 2014 en las listas definitivas como admitida en una bolsa de trabajo del Cuerpo de Artes Plásticas y Diseño, especialidad Medios Audiovisuales.
Tras concretar que el nombramiento duraba hasta el día 30 de junio de 2015, el Ministerio Público manifiesta que, para el curso siguiente, "de nuevo la denunciada Carmen Liébana propuso, sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad y sin concurso previo, la continuidad" de A.M.M. para el mismo puesto de trabajo, realizándose su nombramiento para el curso 2015-2016 "en la misma forma indicada, con idéntica participación" de los otros dos excargos denunciados.
Así, A.M.M. "aceptó los nombramientos pese a ser plenamente consciente de que carecía de los requisitos legales exigibles para ello", afirma la Fiscalía, que añade que, en el momento de los nombramientos, el padre de la denunciada era jefe de Inspección del Servicio Educativo de la Junta en la provincia de Sevilla.
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