El PSC admite que no podrá tutelar a todos sus cargos en el referéndum

Con 122 alcaldías en toda Cataluña y centenares de concejales gobernando en esos y otros ayuntamientos, la dirección del PSC admite que resultará una tarea imposible tutelar la actuación de sus cargos públicos ante el referéndum independentista del 1 de octubre. La cúpula socialista se muestra convencida de que ningún ayuntamiento de ese partido colaborará en la organización de la consulta, pero no quiere anticipar qué hará si se incumple ese pronóstico.

El PSC intenta cerrar filas en contra del referéndum unilateral anunciado por Carles Puigdemont y quiere evitar como sea el reguero de voces discordantes que se produjo en otras épocas y que se llevó por delante a decenas de cuadros. Hace ya casi dos años que los socialistas catalanes renunciaron a la consulta legal y queda muy lejos la libertad que el partido dio a sus ediles antes de ese giro estratégico, cuando en la primavera de 2015 se votaron las mociones soberanistas en los ayuntamientos.

Entonces el desafío independentista no se había materializado, el PSC tenía problemas para configurar las candidaturas de las municipales en algunos ayuntamientos del interior de Cataluña y el PSC estaba liderado entonces de manera provisional por Miquel Iceta tras la dimisión de Pere Navarro.

Los socialistas catalanes creen que el escenario actual es muy distinto: existe una gran sintonía con el PSOE sobre cómo ha de afrontarse la cuestión catalana, Iceta está consolidado como líder, las elecciones catalanas están a la vuelta de la esquina y se ha de lanzar un mensaje de unidad. Por eso, la primera reflexión que hizo Salvador Illa, secretario de organización del PSC, en conversación con EL PAÍS fue culpar a la Generalitat de “traspasar la presión a los ayuntamientos” por reclamarles su colaboración con una consulta que el PSC rechaza de plano.

“Es una tormenta en un vaso de agua porque el referéndum no se celebrará”, explica Illa. “Es un referéndum ilegal y estamos convencidos de que ninguno de nuestros alcaldes colaborará con la Generalitat, añadió. Pese a su optimismo, han surgido voces contrarias a ese posicionamiento y contra el argumentario enviado por la dirección del PSC a sus concejales hace dos semanas pidiéndoles que no cedan locales al Gobierno catalán y que antes de tomar cualquier decisión reclamen un informe al secretario municipal.

“Yo no soy nadie para prohibir el derecho a voto”, fue la respuesta de Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, una de las ciudades más importantes de Cataluña en manos de los socialistas. La dirección del PSC relativiza ese posicionamiento, así como el anuncio realizado el lunes por el alcalde socialista de Blanes, Miquel Lupiáñez, quien aseguró que participaría en el referéndum a título personal y que votaría no, como ya hizo en la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Las medidas que pueda adoptar el PSC en caso de que los alcaldes se salgan del planteamiento del partido es una hipótesis que Illa no quiso aventurar. “Dar por sentado que se votará es mucho suponer. Ya veremos qué acaba pasando y ya veremos entonces qué hacemos”, dijo el secretario de organización de los socialistas catalanes, quien cargó contra lo que calificó de “intento burdo” de la Generalitat de querer “arrastrar” a los cargos públicos socialistas a colaborar con el referéndum.

Así, la consejera de la Presidencia, Neus Munté, reclamó ayer “dignidad democrática” al partido que lidera Iceta y le pidió “que no amenace ni sancione” a los alcaldes que deseen facilitar la celebración de la consulta. Más allá fue el pasado lunes el diputado de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, quien no tuvo reparo en equiparar a los “demócratas” con los partidarios de la consulta secesionista. “Damos la bienvenida a los demócratas, vengan de donde vengan, porque estos alcaldes no son independentistas, son demócratas. Bienvenidos sean los alcaldes valientes y demócratas del PSC”, aseguró el parlamentario republicano.

El PSOE, por su parte, mira de reojo la polémica y confía en que la dirección del PSC ataje las voces discordantes y se produzca el mínimo desgaste. Así, el secretario general de los socialistas españoles, Pedro Sánchez, advirtió ayer que “por supuesto” que serán sancionados los alcaldes del PSC que participen en el referéndum, siempre que lo hagan como alcaldes, no como “ciudadanos”.

El líder del socialismo español pidió “no elevar a categoría la anécdota”, en alusión a las palabras del alcalde de Blanes. Sin embargo, el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, se desmarcó del posicionamiento de Sánchez. “No comparto que ningún cargo político pueda hacer alguna acción pública reducida al ámbito personal”, aseguró.