El diputado número 136

El 9 de junio el presidente Carles Puigdemont anunció la fecha y la pregunta del referéndum, en un acto solemne en el Palau de la Generalitat. Aquella declaración, como dejó claro el fiscal general del Estado, no tuvo ningún efecto jurídico, pero provocó consecuencias políticas y, sobre todo, un gran impacto mediático y social. Tres días antes, el Pacto Nacional por el Referéndum enterró la posibilidad de que este fuera pactado, disolvió su comisión ejecutiva y se puso a disposición de las instituciones catalanas para seguir actuando como foro de debate y de consenso. Puigdemont, con su gesto, quiso señalar que ha llegado la hora del impulso gubernamental de un referéndum no acordado, de la intensificación de una acción popular que contribuya a defenderlo y de responder a las maniobras del Gobierno para evitar la participación popular.

Dos días después del anuncio de Puigdemont, las entidades soberanistas organizaron una multitudinaria concentración en las emblemáticas cuatro columnas de Puig i Cadafalch en Montjuïc para ratificar ambos propósitos: avalar la decisión del ejecutivo catalán y mostrar de nuevo el apoyo social al referéndum.

Los presidentes de Òmnium Cultural y de la ANC insistieron en la firme voluntad de los catalanes de decidir en las urnas el futuro de Cataluña y advirtieron de que “no hay suficientes cárceles para meter a todo el pueblo de Cataluña”. Pep Guardiola, que leyó el manifiesto, también se refirió a la fuerza del pueblo y afirmó que “cuando el Gobierno de Cataluña cumpla con el mandato democrático no estará solo. Además de la mayoría democrática del Parlament, debe saber que todos estaremos a su lado. Ahora que quieren secuestrar la voz de la democracia, más que nunca acudiremos a las urnas y defenderemos con todas nuestras fuerzas la democracia y a nuestros representantes. Estamos comprometidos con ello”.

Desde aquel compromiso de “referéndum o referéndum” (pactado o no pactado con el Gobierno español) que contrajo el presidente de Cataluña en el debate sobre la cuestión de confianza de septiembre de 2016, ha habido un latente apoyo popular favorable a cualquier iniciativa de referéndum que, si se manifiesta terminante y sin fisuras en los próximos tres meses, será decisivo. Si el Gobierno catalán desea realmente llegar hasta el final y celebrar, con todas sus consecuencias, el referéndum, no solo debe desprenderse de los independentistas pusilánimes y descreídos que aún posee en sus filas y que añaden trabas internas a las dificultades externas, sino que necesita garantizar un amplio y persistente apoyo popular.

Si recordamos los precedentes de las últimas cinco Diadas es difícil augurar que los partidarios del referéndum y de la independencia de Cataluña desistan. Entre uno y hasta casi dos millones de catalanes se manifestaron en Barcelona (2012), formaron una cadena humana de 400 kilómetros que unió 86 municipios (2013), participaron en una V humana de 11 kilómetros que cruzó la capital catalana (2014), se concentraron en un tramo de 5,2 kilómetros de la Meridiana de Barcelona (2015) y organizaron cinco concentraciones simultáneas en Barcelona, Berga, Lleida, Salt y Tarragona (2016). Y a todas estas masivas concentraciones, pacíficas y populares, hay que sumar los casi 2.350.000 catalanes que votaron el 9-N. Todo parece indicar que el 11 de septiembre, a 20 días de la fecha señalada para el referéndum, la demostración de fuerza popular será incluso superior a la de años anteriores y, una vez más, quedarán en agua de borrajas las teorías sobre el suflé independentista. Algunas mentes unionistas empiezan a darse cuenta de que la celebración de un referéndum no es la obsesión de un Gobierno alocado, ni el empecinamiento insensato de una mayoría absoluta parlamentaria, sino que es la voluntad de una amplia mayoría del pueblo de Cataluña.

Del mismo modo que los 11 jugadores del terreno de juego necesitan el apoyo incesante del llamado jugador número 12, es decir, sentir el aliento de la afición para amedrentar al equipo contrario en los partidos más trascendentes, el Ejecutivo de Puigdemont y la mayoría absoluta parlamentaria que lo sustenta también necesita, en esta fase final, el respaldo del diputado número 136, de una amplia mayoría popular dispuesta a luchar para poder decidir el futuro político de los catalanes. Faltan poco más de 90 días para el referéndum y, como si fuera una gran final de 90 minutos, el apoyo colectivo será fundamental para que pueda celebrarse.

Jordi Matas es catedrático de Ciencia Política de la UB