La juez procesa al exconsejero Blasco por otro gran fraude en las ayudas al desarrollo

El exconsejero valenciano Rafael Blasco volverá al banquillo de los acusados por otro presunto gran fraude en las ayudas al desarrollo. La juez Nieves Molina ha procesado este viernes al exdirigente del PP y a otras 20 personas por haber manipulado, presuntamente, las convocatorias de la Generalitat para subvencionar proyectos de cooperación al desarrollo entre 2009 y 2011 y por haber preparado una estafa con la construcción de un hospital en Haití después del terremoto que sufrió en 2010.

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La fiscalía y el resto de acusaciones —la Coordinadora Valenciana de ONGD, el escritor y presidente de Acción Cívica contra la Corrupción, Antonio Penadés y la Abogacía de la Generalitat— pueden ahora solicitar la apertura de juicio, cosa que harán, según han adelantado.

Blasco, que ya cumple una pena de seis años de cárcel por la primera pieza separada de este caso, en el que fue condenado por malversar ayudas al desarrollo destinadas a Nicaragua, ha intentado en el último año sin éxito llegar a un acuerdo con las acusaciones para evitar un nuevo juicio.

El exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, de 72 años, llegó a ofrecer reconocer los hechos y entregar el lujoso chalé que posee en Alzira a cambio de ser condenado a solo tres años de prisión, pero la negociación no fructificó. Sin pacto, el exdirigente puede ser condenado a ocho años más de cárcel.

De ser uno de los hombres más influyentes de Valencia en los últimos años de gobierno del expresidente autonómico Francisco Camps, Blasco ha pasado a estar en prisión. Su mujer, Consuelo Ciscar, exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), y su hijo están imputados por otro supuesto fraude en la gestión del museo. Y dos de sus sobrinos fueron detenidos en marzo como presuntos miembros de otra trama de corrupción vinculada a la Consejería de Sanidad.

La magistrada instructora, Nieves Molina, la misma que ha archivado la investigación del accidente de metro de Valencia, considera que hay indicios suficientes para juzgar a Blasco y el resto de acusados, entre ellos varios ex altos cargos de la Consejería de Solidaridad, por ocho delitos. Prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Jefes de un grupo criminal

Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, que también está en la cárcel, ejercieron como "jefes" de un “grupo criminal” que organizó un "entramado" para falsear la adjudicación de subvenciones "al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos”, señala la juez.

Junto a Blasco han sido procesados el antiguo jefe de área de Solidaridad Marc Llinares; la ex secretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, Josep Maria Felip, una funcionara de la Generalitat, Tauroni y su hermano Arturo, y empleados de las empresas que estos controlaban.

La causa acumula 168 tomos y 50.000 folios. Y quedan abiertas otras dos piezas separadas del caso Blasco. Una relativa a los contratos informáticos de la Consejería de Solidaridad, y otra por el supuesto uso de un ordenador no autorizado desde la cárcel por parte de Tauroni.