Cotino benefició a su familia en el negocio de las residencias, según las Cortes Valencianas

Los grupos parlamentarios socialista, de Compromís, Ciudadanos y Podemos han concluido este jueves que la Generalitat valenciana benefició "por acción u omisión" a las residencias de accesibilidad social, y especialmente a las del Grupo Savia, del que formaba parte Sedesa, la compañía de la familia del exvicepresidente del Consell y exconsejero de Bienestar Social Juan Cotino. Y que el propio exdirigente popular adoptó decisiones en tal sentido. Cotino ha negado haber cometido irregularidades.

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La normativa valenciana de residencias fue creada en 2001 y modificada sucesivamente en los años siguientes con el objetivo de aumentar el negocio a las empresa adjudicatarias, facilitando a las empresas del sector de la construcción una nueva actividad lucrativa tras el hundimiento dell mercado inmobiliario, ha mantenido la portavoz socialista, Concha Andrés. La diputada ha calificado de "fraude" los continuos cambios introducidos en las conduciones que establecían los pliegos administrativos.

Las afirmaciones forman parte de las conclusiones pactadas por los cuatro grupos tras 16 meses de trabajo en la comisión de investigación creada en las Cortes Valencianas, en la que han declarado 89 personas.

El concurso público estableció que solo se podían concertar con la Administración un tercio de las plazas de cada residencia. Una interpretación de la normativa realizada por el exconsejero Rafael Blasco elevó ese porcentaje, sin embargo, al 100%. Según Andrés, dicho informe ha desaparecido y fue considerado por la Abogacía de la Generalitat un "fraude de las bases de licitación" y hasta que en 2006 no se hizo público solo era conocido por el Grupo Savia, que llegó a controlar el 40% de las residencias.

El propio Cotino benefició al grupo de empresas de su familia, ha añadido la socialista, al aprobarse en 2008, durante su etapa de consejero de Bienestar Social, un acuerdo para elevar la subvención que pagaba la Generalitat a las adjudicatarias: de 38 euros por plaza y día a 56 euros.

El Grupo Parlamentario Popular ha discrepado de dicha tesis, que será sometida a votación en la Cámara, y ha opinado que de la comisión de investigación se desprende que el modelo puesto en marcha por los populares fue legal y que no se ha acreditado trato de favor alguno.

La portavoz de los populares, María José Catalá, ha criticado que los otros grupos no hayan convocado al suyo para intentar pactar unas conclusiones conjuntas. Y ha considerado que la comisión ha sido "una causa general basada en conjeturas" y que PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podemos partieron de unas "premisas prejuzgadas" y han buscado "montar un espectáculo" y "sacar rédito político".

David de Miguel, de Ciudadanos, ha señalado que las condiciones de partida del modelo de residencias, elaboradas por el exconsejero Rafael Blasco, condenado más tarde por malversar fondos de ayuda al desarrollo, se diseñaron de forma que solo grandes empresas del sector de la construcción y la obra pública, que hasta entonces no habían tenido actividad en el campo de las residencias, podían acceder a ellas. "Hubo pequeñas empresas que no optaron porque las condiciones eran muy duras", ha recordado De Miguel que declaró un miembro de la patronal de residencias Aerte en la comisión.

En los años siguientes, sin embargo, "el pliego al que se debían ceñir se inclumplió flagrantemente en cuanto a los plazos de construcción, las mejoras técnicas y de personal, el número de plazas que debía haber disponible e incluso el mápa gerontológico realizado por la Generalitat se modificó por parte de las adjudicatarias". Municipios que estas no consideraban adecuados, ha afirmado el diputado de Ciudadanos, se quedaron sin residencias, mientras que en otros donde no estaban previstas sí se levantaron.

"La patronal Aerte se ha asegurado en la comisión que de haber sabido que el pliego de condiciones se podía incumplir, estas pequeñas empresas sí que se habrían presentado al concurso", ha concluido De Miguel.