La Generalitat obvia al Gobierno y convoca la Junta de Seguridad

Quiera acudir o no el Ministerio del Interior, la Junta de Seguridad de Cataluña se celebrará el próximo 3 de julio. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lo ha anunciado este martes. La decisión había sido tomada esta mañana en la reunión del Consell Executiu tras una cadena de reproches dirigida al Ejecutivo central, al que acusan de jugar con un tema sensible como el de la seguridad al no permitir ni una ampliación del cuerpo de los Mossos d'Esquadra en 500 efectivos ni la conexión de la Policía autonómica a los servicios de información de la Europol. Desde la Generalitat defienden que Puigdemont tiene potestad para convocar la reunión, si bien ningún presidente de la Generalitat ha hecho uso de esa capacidad desde 2009, última convocatoria del organismo.

La Generalitat se ha decidido a romper los ocho años que han transcurrido desde que se convocó por última vez ese organismo paritario entre el Estado y la Generalitat, encabezado por el presidente catalán. Es una muestra más de las diferencias existentes entre ambas administraciones, después de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmara la semana pasada que si no se convoca es por la actual situación política, con la intención de la Generalitat de celebrar un referéndum el 1 de octubre, que impide crear “un clima de entendimiento y de confianza” propicio.

El Gobierno catalán no acepta esos argumentos. "No tengo más remedio que convocarla. Será el 3 de julio porque tengo la potestad de convocarla ante la negativa unilateral del Estado", ha asegurado Puigdemont en la clausura de un acto del foro empresarial Creiem en Catalunya. El Ejecutivo catalán advierte sobre los efectos que puede tener en un momento de máxima alerta por terrorismo yihadista (nivel cuatro sobre cinco). Y, en esta ocasión, la Generalitat ha encontrado el abrigo de la mayor parte de los grupos de la oposición. Este martes consejero de Interior, Jordi Jané, se reunió con ellos. Fernando de Páramo, portavoz parlamentario de Ciudadanos, llamó a convocar el ente de coordinación policial “de urgencia” y tachó de “irresponsabilidad” la posición tomada por el Gobierno central.

El partido naranja ha presentado una propuesta en el Congreso para que el Gobierno central convoque esa reunión. En el mismo sentido hicieron lo propio el resto de partidos presentes en la Cámara baja. PDeCAT, ERC, En Comú Podem y el PSC registraron una proposición no de ley en la que piden la convocatoria de la Junta de Seguridad, en la que se reúnen los máximos responsables del Ministerio y del Departamento de Interior, en aras de fijar la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales. El primer secretario socialista, Miquel Iceta, lamentó sin embargo en un tuit que se tomen “atajos unilaterales” como la anunciada ayer.

Neus Munté, portavoz del Gobierno catalán, defendió la necesidad de convocar la Junta de Seguridad tras las “continuas negativas” del Ministerio del Interior, que ha obviado las diferentes propuestas de fechas que ha propuesto la Generalitat. “Se han propuesto fechas para facilitar el acuerdo y la organización de las diferentes agendas y siempre nos hemos encontrado con excusas”, lamentó la también consejera de Presidencia.

Dudas sobre los efectos

Las dudas son ahora si el Ministerio del Interior hará caso omiso de la convocatoria. Ayer no desveló cómo responderá a la convocatoria de la Generalitat y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, hizo poco caso del anuncio. “No tiene sentido generar más controversia y más tensión. Hay quien está más interesado en generar ruido que en resolver cuestiones como al coordinación máxima en la lucha antiterrorista o en la protección de los ciudadanos”, afirmó.

Existen dudas sobre qué efectos puede tener convocar una reunión a la que no acudan los responsables de las fuerzas de seguridad estatales presentes en Cataluña, como la Policía Nacional o la Guardia Civil, más allá de evidenciar el agravio con el País Vasco. En esa comunidad sí se ha reunido la Junta de Seguridad y, además, se han aprobado medidas similares a las que persigue el Gobierno catalán.

Para la Generalitat la mera celebración supondría certificar el despliegue de los Mossos d'Esquadra entre 2010 y 2013, ante lo que la Generalitat reclama una deuda de 264 millones de euros pendientes de abonar desde entonces por el incremento de la plantilla de la policía catalana. Otras de las reivindicaciones catalanas en la reunión es la petición para que los Mossos puedan formar parte del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y ser miembros permanentes de la Mesa de Evaluación de la alerta antiterrorista.