Oltra se defiende por los impagos del Consell: “Somos más diligentes que el PP”

Los impagos de la Generalitat a servicios públicos como la atención a la tercera edad o a los menores  ha monopolizado buena parte de la conferencia de prensa posterior al pleno del Consell de los viernes. La portavoz y consejera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha negado, como denuncia el PP, que la Generalitat lleve medio año sin pagar a las residencias de mayores -varía según la provincia y los centros", y a recordado que el Consell está administrando "de manera más diligente que cuando el PP dejaba sin pagar hasta 12 meses".

Oltra ha ofrecido datos pormenorizados de los impagos de la Generalitat a los centros de mayores, a los que la Generalitat adeuda, según la portavoz adjunta del PP en las Cortes, María José Catalá, unos 60 millones de euros.

El PP ha pedido este viernes explicaciones a la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por tener "todo el servicio prácticamente de atención a personas mayores sin contrato" desde el pasado enero y acumular "facturas en los cajones" que suman "más de 60 millones de euros", por los servicios que éstas siguen prestando.

Català ha dicho que la consejería de Oltra "tiene 218 millones de euros retenidos de crédito porque lleva más de seis meses sin adjudicar no sólo las 3.300 plazas residenciales a las que se comprometió, y cuyo plazo de finalización de entrega de la documentación fue en enero, sino también de otros siete centros más de atención residencial", ha agregado.

Esta situación "deriva en que como el servicio residencial no tiene contrato, el crédito presupuestario está retenido, -los 218 millones de euros-, y por tanto no se pueden contabilizar las facturas" por lo que "ni las residencias tienen contrato ni pueden cobrar del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)".

Para la dirigente 'popular', lo que Oltra califica de "error administrativo", no es otra cosa que su "nefasta gestión de la atención residencial de mayores".

Oltra ha asegurado que estas afirmaciones le han pillado "gobernando" y que la Generalitat "no para nunca, no ha paralizado nada" y está "todos los días gobernando y tomando decisiones", por lo que "las declaraciones de María José Catalá pasan a un segundo término" porque ella se dedica "a solventar problemas, muchos de ellos que han dejado desde el PP".

Ha explicado que la Generalitat se ha visto obligada por una sentencia judicial a sacar a licitación 3.300 plazas del modelo de accesibilidad tras una sentencia judicial que declaraba ilegal parte del "modelo residencial de Blasco, Cotino, de Bonig, del PP enterito", licitación que se publicó --por su elevado volumen económico-- en el Diario Oficial de la Unión Europea en noviembre pasado, iniciándose en enero las reuniones de la mesa de contratación y adjudicando ya 10 lotes, pendientes de contratación.

Ha señalado que ya se han regularizado 636 lazas de las más de 2.000 declaradas ilegales por la sentencia judicial y "acaba el monopolio de diez empresas" haciéndose cargo de este servicio, pasando a 31. Así, se han seguido los plazos "habituales" y ha subrayado que esta es una situación que no estaba prevista porque no se trata de un fin de una licitación, sino que una sentencia "adelantó los plazos".

Oltra ha incidido en que "no se lleva medio año sin pagar" pero los plazos dependen de la casuística concreta de cada centro y también del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que el Gobierno ha decidido remitir "por remesas", lo que hace que los pagos "a veces tarden más de lo que deben". En el caso de centros de menores, por ejemplo, el retraso es de 3 meses y 27 días de media, ha señalado.

"Hay quien cobra por contrato, por resarcimiento, a través de administración", ha explicado la vicepresidenta, que ha admitido que hay un retraso que no debería darse pero que "no son los 12 meses a los que se llegaba con el PP".

Según la portavoz, suele primar el pago a entidades sin animo de lucro, "que tienen menos pulmón económico" y, por el contrario, "empresas mercantiles que tienen acreditada solvencia económica puede que tengan más retraso". Además, ha explicado que en el caso de la diversidad funcional está abierta una línea del IVF para evitar problemas de tesorería y avanza dinero que se reintegra cuando llega el FLA.

"Deberíamos tener una financiación como toca, el FLA no debería ser una herramienta arbitraria", ha dicho, porque "cuando estás sometido al FLA y el ministro hace lo que quiere, pasan estas cosas", ha dicho.

Criterios éticos en la contratación

El anteproyecto de ley valenciana de fomento de responsabilidad social impulsará la responsabilidad social en la contratación pública primando criterios sociales, éticos y ambientales en las licitaciones y adjudicaciones, que recogerán penalizaciones para los incumplimientos.

Estas cláusulas ya han comenzado a aplicarse en la Comunitat Valenciana, pero con la nueva ley se clarificará y concretará el concepto de responsabilidad social, se regulará el compromiso de las administraciones públicas y el sector público valenciano para integrarlo en sus políticas y se creará un Consell Valencià con la participación de empresas, sindicatos y trabajadores.