El ‘pelotazo’ del vertedero de Cruïlles acabó con otros 6 millones en Panamá

El empresario Josep Mayola, uno de los promotores del vertedero de Vacamorta, en Cruïlles (Girona), invirtió en Panamá 6,3 millones de euros tras vender en 2003 la instalación al grupo FCC por 13,2 millones, según revelan documentos en poder de EL PAÍS. Esta información aporta nuevos datos sobre el pelotazo hecho con el vertedero por Mayola, su socio Gustavo Buesa y un tercer inversor que permanece en el anonimato, cuyas ramificaciones se extienden a dos paraísos fiscales y a otros negocios del sector de los residuos en Cataluña.

Los documentos muestran todas las sociedades e inversiones que orbitaron durante la pasada década alrededor de Vacamorta, una instalación inaugurada en septiembre de 2000 tras ser autorizada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Cruïlles, ambos en manos de CiU. Solo dos meses después, Buesa y Mayola dieron entrada en el negocio a un tercer socio, que acabó ganando seis millones de euros con una inversión mínima. Lo hizo, además, sin que haya trascendido su identidad, ya que canalizó la inversión desde el paraíso fiscal de la Isla de Man.

Buesa y Mayola, que rechazan revelar quién era este socio, niegan sin embargo que se tratara de Jordi Pujol Ferrusola, con quien sí se aliaron entre 2002 y 2004 en otro vertedero en Tivissa (Tarragona). La Fiscalía Anticorrupción investiga dentro del caso Pujol el negocio de Tivissa, en el que el hijo del expresidente catalán obtuvo 5,3 millones de euros.

Buesa, Mayola y el inversor oculto vendieron en 2003 el 80% del vertedero de Vacamorta a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por 13,2 millones. La sociedad que recibió el dinero fue Aprilsnow Holding BV, con sede en Holanda y creada tres años antes por los dos empresarios para gestionar la inversión en Cruïlles.

Poco después de cerrar la venta, Aprilsnow destinó 3,3 millones del dinero recibido a comprar otro negocio del sector de los residuos: el 90% de una planta de tratamiento de aceites en Alcover (Tarragona), una inversión que se verá favorecida por la Generalitat y que con los años proporcionará millonarios beneficios a Buesa.

El Gobierno catalán había adjudicado 10 años antes (en 1993) el del servicio público de recogida y tratamiento de aceites a la empresa alemana RWE Entsorgung. Lo hizo a través de una sociedad mixta llamada Catalana de Tratamiento de Aceites Residuales —Cator, en sus siglas en catalán— en la que la Agencia Catalana de Residuos tenía el 10% del capital. El contrato inicial, según las cuentas de la empresa, establecía que a la concesión duraría 20 años y que al acabar Cator entregaría en buen estado “el terreno, la obra civil y las instalaciones” de la planta a la Generalitat.

Estas condiciones, sin embargo, fueron cambiadas el 1 de diciembre de 2003, justo después de la entrada en la concesión de Aprilsnow Holding y justo antes de que el último gobierno de Jordi Pujol (CiU) dejara el poder.

En la modificación del contrato —que avanzó la revista quincenal Directa en noviembre de 2015—, la Generalitat eximió a Cator de devolver la planta al final de la concesión. A cambio, la empresa debía acometer inversiones por valor de 1,7 millones de euros, cantidad llamativamente reducida si se tiene en cuenta las dimensiones del negocio: entre 2003 y 2015, Cator facturó 192,5 millones y obtuvo unos beneficios de 29,4 millones.

En 2005, tras la salida del socio oculto de Aprilsnow Holding, Buesa y Mayola dividieron su empresa en Holanda “en dos sociedades de nueva creación”. Buesa fundará Maysnow Holding, desde la que “asumirá la gestión de las actividades de negocio” —entre ellas Cator y la planta de aceite—, y Mayola “se quedará el dinero en una nueva Aprilsnow Holding”.

Pocos después de esta división, en marzo de 2006, un despacho de abogados funda en Panamá —entonces considerada un paraíso fiscal por España— la sociedad Tuskar Holding. Mayola, según las cuentas de la nueva Aprilsnow Holding, es el propietario del 95% del capital de Tuskar, en una inversión valorada en 6,27 millones de euros.

En contraste con los jugosos negocios logrados gracias a Vacamorta, el vertedero ha acabado siendo un colosal problema económico y ambiental para la Generalitat. Tras ser declarado ilegal hasta en tres ocasiones por los tribunales, el Supremo ordenó en 2014 la clausura de la instalación y la restauración de la zona.

El Departamento de Territori estima que retirar los 2,2 millones de toneladas de residuos de Vacamorta costará más de 150 millones de euros. A esta cantidad hay que sumar el riesgo de la demanda interpuesta por la empresa propietaria del vertedero, que pide a la Generalitat 35 millones de euros por los daños y perjuicios sufridos con el cierre, de los que la empresa culpa a defectuosa autorización legal concedida por la Generalitat. Esta empresa es propiedad de FCC, que controla el 80% del capital, y de Buesa y Mayola, con el 10% cada uno.

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