Los expertos califican de “disparate” la ley de ruptura

Cuatro expertos en Derecho Constitucional y en Ciencia Política coincidieron este martes, a preguntas de EL PAÍS, en descalificar el borrador de la ley de ruptura catalana por su contenido, los efectos políticos y jurídicos que tendría y el procedimiento empleado para redactarlo.

“Es una ley autonómica que resultará inaplicable porque contradice abiertamente la Constitución. El contenido resulta irrelevante”, afirma José Antonio Montilla, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. “No hace falta ser un experto para comprobar que es un texto manifiestamente inconstitucional, más que ningún otro que haya elaborado el Parlament, porque pretende derogar la Constitución”, añade Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.

Andrés de Blas, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), no ahorra adjetivos críticos al borrador. “Es un proyecto disparatado que no tiene ni pies ni cabeza. Me parece una burla a las instituciones del Estado, pero también al Parlament y al propio Estatuto de Autonomía, por lo que me cuesta mucho entender su contenido”, asevera.

Su colega Joan Botella, decano de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y presidente de Federalistes d’Esquerres, entiende que la ley es “un horror jurídico”. En su opinión, se trata de “una norma subordinada al Estatuto y a la Constitución”, por lo que “no puede infringir el ordenamiento jurídico del que nace”.

Botella se pregunta, a la vista del contenido, si las fuerzas políticas que lo promueven pretenden presionar al Gobierno o seguirán adelante con sus pretensiones: “Eso sí que es un desafío de consecuencias imprevisibles”, sostiene.

Ninguno de ellos duda de que la ley se suspenderá en cuanto la apruebe el Parlament. Tajadura considera que apenas deberían pasar unas horas. En su opinión, el Consejo de Ministros tendría que reunirse de manera extraordinaria para recurrirla ante el Tribunal Constitucional y este debería acordar, también con urgencia, la suspensión. “La respuesta jurídica ha de ser inmediata”, dice.

Montilla rechaza el argumento esgrimido por el independentismo de que se trata de pasar “de la ley [española] a la ley [catalana]” , como ocurrió en la Transición. Su tesis es que la Ley para la Reforma Política de 1977 la aprobaron las Cortes con amplio consenso. En este caso, según su opinión, la ley catalana “contradice radicalmente la Constitución”.

La idea de proclamar la independencia sin esperar ni siquiera al resultado de un referéndum es un “disparate”, afirma De Blas, mientras que Botella resalta que “resulta significativo” el secretismo que se está empleando para su redacción.