La Generalitat rectifica y permite que el Palau acuse a Convergència

El Ayuntamiento de Barcelona ha salido victorioso, en el último minuto, de la batalla política librada a propósito del caso Palau. El Consorcio del Palau de la Música -el órgano en el que están representadas las administraciones estatal, autonómica y local- ha cambiado de criterio. Y ha decidido, en una nueva y ajustada votación (por cinco votos a cuatro) que acusará a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por financiarse de forma irregular a través del Palau.

El Consorcio ejerce la acusación particular en el caso Palau. Hasta ahora, había acusado solamente a los responsables del expolio (24 millones de euros) de la institución musical, Fèlix Millet y Jordi Montull. Al contrario que la Fiscalía, el Consorcio no había señalado ni a Convergència (como partícipe a título lucrativo) ni al extesorero Daniel Osácar. Ha mantenido esa posición desde 2011, tras la llegada al poder de Artur Mas. Pero las confesiones de Millet y Montull sobre el pago de comisiones ilegales de Ferrovial a Convergència durante el juicio, llevaron al Ayuntamiento de Barcelona a pedir que el Consorcio revisara su estrategia jurídica.

El pasado 12 de mayo, poco antes de que las partes presentaran sus conclusiones definitivas en la vista oral, el Consorcio votó. Este organismo tiene 12 representantes. Siete son institucionales (tres de la Generalitat, dos del Ministerio de Cultura y dos más del Ayuntamiento de Barcelona) y los otros cinco, miembros del Orfeó. En aquella ocasión solo hubo ocho votos efectivos porque el Estado y dos miembros del Orfeó se ausentaron de la cita. La Generalitat impuso entonces su mayoría para lograr que venciera (cinco votos a tres) el no a acusar a Convergència.

Esa polémica decisión provocó un terremoto político y fuertes tensiones con Esquerra, socio de Gobierno del PDeCAT (antigua Convergència). El Parlament aprobó dos resoluciones en las que insta al Gobierno a acusar a CDC, mientras que el Consistorio de Ada Colau solicitó una nueva reunión, la que se ha celebrado hoy. Y, sorprendentemente, se han girado las tornas. Primero, porque los representantes de la Generalitat -asfixiados por las presiones políticas- han decidido abstenerse. Tras la reunión del Gobierno, el consejero de Cultura, Santi Vila, ha justificado el cambio de criterio de la Generalitat con el argumento de que no desean "bloquear ninguna acción" que el Consorcio "considere oportuna". Vila también ha aludido a las resoluciones del Parlament.

Con la retirada de la Generalitat, había nueve votos en juego. La mayoría estaba en el cinco. Y el Ayuntamiento ha impuesto sus tesis gracias a los dos votos a favor de los representantes del Estado -que en la anterior reunión no se habían presentado- y al voto favorable de un solo miembro del Orfeó: el vicepresidente Àlex Robles. Los otros cuatro miembros del Orfeó -con Mariona Carulla a la cabeza- han votado en contra. Y han perdido.

Según fuentes conocedoras de la reunión, Robles ha esgrimido que es necesario acusar a Convergència por la "honorabilidad y el prestigio" del Orfeó. El Ministerio de Cultura, por su parte, ha defendido que prefiere que sea "la autoridad judicial" la que tenga la última palabra sobre la responsabilidad de Convergència.

La reunión se ha celebrado este mediodía en el Palau de la Música y se ha alargado casi dos horas. Ha sido una reunión tensa, con reproches cruzados acerca de la "instrumentalización política" del caso Palau. Mariona Carulla ha lamentado que se "utilice" al Palau como arma política y ha defendido que "los intereses del Palau han de estar por encima" de esa batalla política. Al mismo tiempo, sin embargo, se ha mostrado dolida por que Convergència se haya aprovechado de la institución para cobrar mordidas que la Fiscalía cifra en 6,6 millones de euros.

El Consorcio ya presentó la semana pasada sus conclusiones definitivas. Mañana, sin embargo, enviará un nuevo escrito a la Audiencia de Barcelona para pedir que se modifiquen y adherirse al escrito de la fiscalía sobre la participación de Convergència y Osácar. Está por ver si los magistrados admiten esa modificación y si el resto de partes ponen alguna pega, ya que el trámite para que las acusaciones presentaran sus escritos se celebró la semana pasada. "Haremos todo lo posible para que se acepte el cambio", ha declarado el concejal Jaume Asens, que ha aplaudido el "acto valiente" de la Generalitat. "No es fácil rectificar en política".