1.800 coordinadores velarán por la aplicación de la ley ‘Trans’ en el cole

La mayoría de diputados de las Cortes Valencianas —solo votó en contra el PP— celebraron con un aplauso cerrado la aprobación el pasado 30 de marzo de la primera ley valenciana de Identidad de Género, popularmente conocida como ley Trans. Con esta norma, los valencianos se unen al pelotón de cabeza de autonomías españolas que despatologizan la transexualidad y suprimen el requisito de presentar un informe médico o psicológico para acreditar el género sentido en lugar del de nacimiento.

La ley es integral y garantiza el derecho en los campos de la sanidad y la educación. Antes de que se aprobase, los colegios valencianos recibieron en diciembre de 2016 una instrucción o protocolo de la Consejería de Educación que solo era de obligado cumplimiento en los centros de titularidad pública hasta que entrase en vigor la ley. Ahora afecta por igual a centros públicos y privados.

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“Lo que ha solucionado el protocolo es que los niños vean respetado su derecho de identidad; se dirijan a ellos con su nombre sentido y puedan elegir los vestuarios y lavabos, así como la vestimenta con que acuden al colegio”, explica el director de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad de la Generalitat, José de Lamo.

La consejería que dirige Mónica Oltra dispone de nueve meses desde que se aprobó la ley para su desarrollo reglamentario. “La idea es tener un decreto único para que no haya dispersión legislativa”, precisa De Lamo. La ley valenciana es una de las más avanzadas en España, aunque no ha sido de las pioneras. En esencia, la filosofía de la ley Trans valenciana es que “nadie te dice lo que tú eres”, subraya el director de la Agencia por la Igualdad.

En España, la ley estatal de 2007 exige de una certificación médica para la modificación del sexo en los registros oficiales siempre que seas mayor de edad. “La ley andaluza, madrileña o la nuestra no lo piden”, añade De Lamo.

Un consejo consultivo trans velará por el adecuado cumplimiento de la nueva norma para que “no nos durmamos en los laureles”.

Según el director general de Política Educativa de la Consejería de Educación, Jaume Fullana, el tema está muy avanzado. La consejería que dirige Vicent Marzà publicó a finales de 2016 el protocolo por la identidad de género. “Entonces era una instrucción solo para los centros públicos, a la que se adhirieron voluntariamente muchos centros privados. Pero ahora es para todos, públicos y privados y está en vigor”, apunta Fullana.

Educación creó la figura del coordinador de Igualdad y Convivencia en la totalidad de centres educativos. “Hablamos de 1.800 coordinadores y 3.600 ojos que vigilan que este protocolo se cumpla”, subraya el director general. El coordinador se encarga de supervisar todas las actuaciones previstas en el protocolo, colabora y asesora al equipo directivo de los centros en la adquisición de materiales y bibliografía especializada y colabora en la organización de actividades formativas sobre el desarrollo sexual diferente, la identidad y la expresión de género, la diversidad LGTBI y la educación afectivosexual. “Se trata de garantizar que los centros educativos sean espacios de igualdad, libre de coacciones y exclusiones”, insiste Fullana.

La norma obliga al centro en se detecta o informa de un caso de “intersexualidad, identidad o expresión de género divergente” a adecuar al género sentido —no el de nacimiento— las listas de clase, los informes de evaluación, boletines de notas, matrícula o identificación del material. Será a petición de la familia si es menor, y tendrá libertad de elección de aseo, vestuario o vestimenta. La consejería baraja incluso la posibilidad de que los lavabos sean mixtos.

Desde el punto de vista educativo se trata de evitar en la medida de lo posible las actividades diferenciadas por género y de usar un lenguaje respetuoso con la diversidad. Las explicaciones sobre desarrollo sexual incluirán todas las posibilidades anatómicas existentes y ante las conductas de acoso habrá “tolerancia cero”, enfatiza Fullana.

Cuando se detecten casos de discriminación, acoso o violencia —en la recopilación de datos sobre acoso se incluye el que tiene que ver con la identidad de género— se comunicarán al departamento de Educación.

Muchos centros escolares han solicitado asesoramiento a la Generalitat sobre el protocolo y la ley, tanto públicos como privados y, más concretamente, concertados religiosos. Es pronto para evaluar resultados pero el director de Política Educativa de la Generalitat subraya que las leyes están hechas para cumplirse. “Forma parte de los derechos humanos y no se van a cuestionar”, concluye Fullana.