La Asamblea cerró el restaurante que adjudicó a Arturo y puso máquinas de ‘vending’

El pliego de condiciones para la contratación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea establecía varios criterios de valoración de las ofertas, aparte del precio, como eran las características del servicio que se ofrecía, la experiencia previa en el sector y otras mejoras que estuvieran dispuestas a poner en marcha. De las dos empresas que competían con Cantoblanco, Manserco solo obtuvo 36 puntos (de 90 posibles) y Clece (filial de ACS) 43,5, según el informe de valoración firmado el 27 de junio de 2011 por la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, como presidenta entonces del Comité de Expertos, y, como vocales, María Merino, jefa del Servicio de Relaciones Externas del Gabinete de la Presidencia, y Arturo Zubiri, asesor de la Secretaría General.

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Aunque Cantoblanco volvió a hacerse con la adjudicación en 2013 (entonces fue la única empresa presentada y admitida en el procedimiento), es precisamente aquel informe de 2011 el que cuestiona una investigación de la Guardia Civil en el marco del caso Púnica: los agentes creen que hubo “conductas arbitrarias” para favorecer a la empresa de Arturo Fernández, acusado de financiar la caja b del PP madrileño.

Sea como fuere, lo cierto es que el Grupo Cantoblanco obtuvo muchos más puntos que el resto (67) en la valoración de los expertos. Recibió 25 de 30 puntos posibles en cuanto a la experiencia previa y 19 de 20 en “características del servicio”. En este último apartado, ofrecía una plantilla de 16 trabajadores, los mismos que en el verano de 2014 denunciaron a la Secretaría Técnica de la Asamblea que no les habían pagado las nóminas de junio y julio. En ese momento, el Grupo Cantoblanco ya se encontraba en mitad de una espiral de deudas y pérdidas de contratos (de las cafeterías del Ifema o del Congreso, entre otros) que acabó en un concurso de acreedores pocos meses después.

Pero mucho antes, en su momento de esplendor, la oferta de Cantoblanco en 2011 para quedarse con la restauración en la Asamblea hablaba de implantar el sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico), un modelo “preventivo de gestión de la inocuidad alimentaria de aplicación a toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria a la distribución minorista”, según la web de la Asociación Española para la Calidad. Además, ofrecía la posibilidad de hacer algunos “análisis microbiológicos” de los alimentos elaborados, de la materia prima, de dos superficies de trabajo y de las manos de un manipulador.

“Seguridad comprometida”

Si realmente se llegaron a poner en marcha esas medidas, o si se dejaron de aplicar tras la renovación de 2013 (pese a que la puntuación por servicios fue todavía más alta, 20 de 20), el hecho es que no estaban cumpliendo su objetivo en abril de 2014, cuando se produjo la intoxicación de una treintena de personas; sufrieron molestias estomacales, seguidas, en los casos más serios, de diarrea y vómitos tras almorzar en la cafetería. Una investigación posterior del Ayuntamiento de Madrid concluyó que la zona de manipulación no se desinfectaba antes de empezar a trabajar y, además, “era pequeña para la complejidad de las manipulaciones y menús” que se elaboraban, lo que favorecía “la existencia de contaminaciones cruzadas”. 

Este suceso agravó la situación de un servicio ya deficitario, con pérdidas de 90.000 euros anuales. Se le había adjudicado en 2011 por 174.960 euros al año, 6.500 menos de lo que ofrecía en un principio la Administración en el concurso. Y eso a pesar de que Cantoblanco prometía a la vez todo tipo de mejoras en los menús (12 ofertas de platos combinados, servicio para llevar, seis opciones diarias de guarnición y otras tantas de postres…) y el abastecimiento por contrato de “tres actos o recepciones para 900 personas”.

En 2013, Cantoblanco renovó la adjudicación por más dinero (184.000 euros), pero parece que no fue suficiente. La empresa envió a finales de julio de 2014 un burofax a la Asamblea renunciando a seguir con el servicio a partir del 8 de agosto. Tras unas negociaciones frustradas para retomarlo, sazonadas con las quejas de los trabajadores que estaban sin cobrar y se habían quedado en la calle, la actividad parlamentaria se reanudó en septiembre con unas máquinas expendedoras de comida y bebida como única oferta hostelera. La situación se mantuvo hasta final de año, cuando la cafetería y el comedor fueron adjudicados a otra empresa.