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La CUP no se fía de Junts pel Sí y pide controlar la consulta

La izquierda independentista pide "transparencia" al Gobierno catalán y lamenta que se hable de "planes B"

Quim Arrufat y Núria Gibert, este miércoles.
Quim Arrufat y Núria Gibert, este miércoles.

La CUP solo aceptará como salida al proceso independentista el referéndum. Lo reiteró ayer con una conferencia política en la que dejó claro que solo teme las dudas del Gobierno catalán, al que advirtió que no aceptará “ni planes B” —declaraciones unilaterales— ni “avances electorales”. Los anticapitalistas urgieron la creación de una comisión de seguimiento de los trabajos, en los que, además del Govern, deben estar entidades soberanistas y partidos proreferéndum, ‘comunes’ incluidos.

Los anticapitalistas son los únicos que no mueven su discurso respecto a la consulta independentista. Al menos así se reivindicaron ayer, argumento que utilizaron para dar el enésimo toque de atención al Ejecutivo de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, al que acusan de “retrasar” el calendario, de “posponer las firmas y evitar las licitaciones”, además de “no concretar propuestas”. Y, por si fuera, poco, dijo el portavoz del secretariado de la CUP, Quim Arrufat, de ser incapaz de evitar “los rifirrafes” entre los dos partidos del Gobierno.

De ahí que los anticapitalistas reclamaran “transparencia” y que marcaran la pauta de lo que falta por hacer todavía. De esa parte se encargó Núria Gibert, también portavoz del secretariado. Lo primero que es necesario, dijo, es fijar la fecha y la pregunta del referéndum. Defendió que es la única forma de ampliar la base social favorable al referéndum y evitar que esta se evapore por la ausencia de “concreción en el horizonte”. Gibert culpó la indefinición gubernamental de “confundir, desanimar y decepcionar” a los independentistas y reclamó una campaña oficial de 15 días y que los funcionarios públicos participen en la celebración del referéndum.

La izquierda anticapitalista demandó la creación de esa comisión de seguimiento para fiscalizar los trabajos del referéndum, en los que estén los comunes, pero también reclamaron la creación del equipo legal formado con juristas españoles e internacionales que controlen los trabajos del referéndum, tal y como pactaron el debate de Política General de octubre.