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Andalucía se mantiene a la cabeza de las comunidades en litigiosidad

El Presidente del TSJA, que califica el actual sistema de "insostenible y poco operativo", lamenta la falta de medios y reformas organizativas

Lorenzo del Río, en un imagen de archivo.
Lorenzo del Río, en un imagen de archivo.

Los andaluces continúan siendo de los que más litigan en los tribunales. Andalucía se sitúa, un año más, a la cabeza en número de asuntos ingresados a nivel nacional. Así, tenemos un porcentaje superior en un 21% al de la litigiosidad estatal, que alcanzó un total de 5.813.125 en los órganos judiciales españoles. Si la tasa en el conjunto del Estado ha sido de 124,9 asuntos por cada 1.000 habitantes, en el ámbito del TSJA es de 145,5 asuntos por cada 1.000 habitantes, por lo que sigue siendo de las más altas de España, superada por Canarias (158,7) y seguida de Baleares (135,2), Murcia (128,9) y la Comunidad Valenciana (127,9).

Los juzgados y tribunales andaluces ingresaron un total de 1.245.470 asuntos, siendo la jurisdicción penal la que más número de asuntos recibió, un 64%, bastante más de la mitad de los asuntos registrados.

Las cifras dibujadas en la memoria reflejan un porcentaje de ingresos demasiado elevado para los actuales recursos y contexto organizativo, deficitario y sumamente rígido, al tiempo que evidencian la necesidad de frenar la elevada litigiosidad. En este sentido, el Presidente del TSJA ha lamentado que, después de seis años, el resumen de todo el avance experimentado sea anecdótico. Como se recoge en la Memoria, "nos encontramos en un primer estadio, importante aunque incipiente, de transformación tecnológica, pero seguimos con la misma estructura organizativa y funcional, tanto en lo que respecta a los Jueces y Magistrados, como a los Cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, la planta judicial permanece prácticamente invariable y, en fin, en materia de oficina judicial, tenemos dos proyectos piloto inacabados. No se ha materializado ninguna medida de reordenación de efectivos ni creación de servicios comunes ni avanzado en proyectos de trabajo colegiado, que mejore la gestión y eficacia de los actuales recursos".

En este sentido, señala que transcurrido más de un lustro, el camino recorrido es "decepcionantemente corto", pese a reiterar año tras año que el actual "sistema es insostenible y poco operativo", por lo que se imponen soluciones rápidas y consensuadas que "conformen un nuevo modelo y traigan la imprescindible racionalización de los instrumentos personales y materiales que sirven a la función jurisdiccional, junto a reformas que culminen con la modernización de la justicia y de las leyes procesales, singularmente en el modelo de proceso penal.

Tan sólo ha habido cambios cualitativos en el proceso de digitalización, aunque quedan importantes deficiencias a corregir y un importante trayecto por recorrer en la implantación del expediente y firma digital. En el resto de apartados, "ningún avance significativo se ha materializado en el sistema organizativo de la Oficina Judicial, donde todo apunta a una voluntad de implantación más testimonial que efectiva".

Sigue sin abordarse la necesaria reordenación de efectivos, las reformas procesales, cercenadas en su eficacia por una absoluta falta de cambios en el ámbito organizativo de la estructura judicial. Los desafíos a los que se enfrenta la justicia son muchos y complejos, pero "demorarlos agrava el problema y dificulta las soluciones, ya que los años de retroceso triplican los años de recuperación".

Reorganizar la justicia, dotarla de más recursos, un mapa judicial y una organización al servicio de una justicia eficaz y ágil, no de intereses localistas, una oficina judicial al servicio de la Justicia, no a intereses corporativistas, mejorar y cambiar la instrucción penal, potenciar medidas disuasorias del exceso de litigiosidad, etc. "Son cambios tan necesarios que, mientras no se hagan, será muy difícil materializar plenamente esa aspiración constitucional de una justicia ágil y eficaz, de una tutela judicial efectiva", concluye.

Los juzgados y tribunales de Andalucía recibieron durante el año 2016 un 31% menos de asuntos que el año anterior. En concreto, ingresaron 1.245.470 asuntos, frente a los 1.794.246 asuntos del pasado año. Este descenso se debe a las reformas legales por las que se destipificaron algunas conductas y la supresión de las faltas, así como que se dejaran de remitir a los Juzgados de Instrucción los atestados policiales cuando no exista autor conocido del delito denunciado. Pese a estas cifras, el porcentaje de ingresos es demasiado elevado, lo que impide con los actuales recursos y déficit organizativo dar una respuesta de calidad y en tiempo razonable.

En este número global de asuntos, se mantiene otro dato estadístico llamativo, repetido año tras año: los procedimientos penales suponen el 64% del total, o sea, más de la mitad de los asuntos registrados. Los asuntos penales ingresados en Andalucía suponen el 24% del total de ingresos a nivel nacional, lo que nos sitúa en el primer lugar de litigiosidad en esta jurisdicción.

En el otro extremo se sitúa el porcentaje relativo a la jurisdicción social (un 5%) y contencioso administrativa (un 4%), mientras que la jurisdicción civil supone un 27% del total de asuntos ingresados. Los asuntos contenciosoadministrativos ingresados durante 2016 significan el 27% del total nacional, dato que indica que seguimos a la cabeza de la tasa de litigiosidad en esta jurisdicción.

Al igual que el pasado año, destaca un dato sumamente positivo: la tasa de resolución ha sido del 1,03 en el año 2016 (el pasado año fue del 1,02), lo que permite afirmar, con carácter general, que los órganos judiciales del territorio se sitúan en un buen nivel de laboriosidad y se resuelven más asuntos de los ingresados, pese al déficit organizativo y de recursos personales.

Pero el problema sigue siendo la tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), siempre superior a los asuntos que se resuelven. Ello no permite que la valoración final sea satisfactoria, pues es patente la dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes, así como mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales.

En cualquier caso, la planta judicial queda lejos de lo razonable para la litigiosidad existente en el ámbito del TSJA. Continua siendo ineludible e inaplazable la ampliación de la planta. Todo ello, sin olvidar cuantas otras medidas competan a los diferentes poderes públicos en orden a la mejora y modernización del sistema judicial, pues la solución "más jueces" no determinaría por sí sola la resolución de nuestros problemas, ya que seguiría consolidando y multiplicando las deficiencias de un modelo desfasado. Así, en la Memoria se refleja la necesidad de crear 15 plazas judiciales en órganos colegiados (Audiencias Provinciales), así como 52 plazas judiciales para órganos unipersonales.