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El PSOE exige a Carmena que la retención de gasto no afecte a los acuerdos presupuestarios

El Ayuntamiento debe congelar 238 millones por el incumplimiento de la Ley de Estabilidad

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto a la portavoz socialista,
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto a la portavoz socialista, álvaro garcía

El PSOE no está dispuesto a aceptar modificaciones al acuerdo presupuestario firmado en febrero con el gobierno local por los requerimientos de Hacienda. El PSOE no se hace responsable de la gestión de Ahora Madrid y remarca que la inmovilización de 238 millones por el incumplimiento de la Ley de Estabilidad no debe afectar a las enmiendas recogidas por el ejecutivo. El pacto prevé inversiones en los distritos y planes para promover el empleo y la cultura. Los socialistas explicarán esta posición en una reunión que se celebrará hoy lunes con la alcaldesa Manuela Carmena.

Los socialistas no piensan renunciar a los 160 millones de euros que lograron mover del primer borrador al documento definitivo de las cuentas municipales aprobado en febrero. Los socialistas exigieron entonces al gobierno de Carmena más inversiones en política cultural, laboral, económica, urbanistica y medioambiental. En concreto, incluyeron en los presupuestos un bono cultural, la recuperación de la Noche en Blanco, medidas de estímulo al empleo y a la política industrial, la puesta en marcha de ayudas para quienes compren coches menos contaminantes y el fomento del alquiler en pisos protegidos.

“El PSOE exigirá que se cumpla el acuerdo de presupuesto y que no se hagan recortes en servicios a los ciudadanos”, resume la portavoz del grupo, Purificación Causapié, para explicar la posición de su grupo ante la remodelación de las cuentas. El PSOE se muestra partidario de cumplir la ley, pero advierte a la alcaldesa de que “el resultado de este proceso no puede ser que se reduzcan inversiones en los distritos”, como instalaciones deportivas o centros para mayores.

“El año pasado el Ayuntamiento compró un edificio en la calle de Alcalá por más de 100 millones. Si esta operación era compatible [con el límite de gasto] se podía hacer, pero si no era así, el resultado no puede ser el recorte en servicios”, critica la portavoz. El pacto firmado en febrero “tiene que mantenerse”, asegura Causapié, puesto que, añade, su partido no está dispuesto a renunciar a nada de lo acordado por errores de gestión de Ahora Madrid.

Causapié exige a Carmena que “negocie” con el ministro de Hacienda una solución que permita evitar recortes en los servicios. Y pide a la alcaldesa que se sume a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para “exigir a Montoro y Rajoy respeto hacia la autonomía local y que el dinero que los ciudadanos depositan en sus ayuntamientos se pueda destinar a los servicios”.

El pasado martes, la alcaldesa acompañada por el delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, aseguró a Hacienda que cumplirá con el requerimiento de congelar 238 millones. La cuestión trasciende el ámbito técnico. En las filas del gobierno de Carmena se han ido delineando posiciones diferentes sobre cómo actuar. Un grupo de críticos, formado por concejales de Ganemos e Izquierda Unida, invoca “movilizaciones” contra el “secuestro de la democracia” impuesto por Montoro. La alcaldesa defiende que se debe cumplir la ley.

En 2015, tras seis meses de gobierno, la formación que orbita en torno a Podemos, se gastó 17 millones más de lo permitido. En 2016, ese desembolso excesivo alcanzó los 233. La oposición denuncia que este año Ahora Madrid superará los 300. El presupuesto municipal superó el año pasado los 4.000 millones. Hacienda, que defiende que la “ley está para cumplirla”, puso en marcha los mecanismos coercitivos previstos por la Ley de Estabilidad para que Madrid corrija su senda de gasto.

La Ley de Estabilidad entró en vigor tras el Pacto Fiscal Europeo de 2012 y obliga a las corporaciones locales a mantener el gasto público dentro de una horquilla calculada sobre las previsiones de crecimiento de la economía española. Su objetivo es evitar incrementos descontrolados del déficit.

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