La Junta de Andalucía acuerda comprar viviendas a bancos para evitar desahucios
El Consejo de Gobierno andaluz aprueba un proyecto de ley con una partida de 4 millones para 2017
La Junta de Andalucía ha aprobado este martes el proyecto de ley de Tanteo y Retracto en Desahucios de Vivienda, que ofrece la posibilidad a la Administración de comprar inmuebles de forma preferente a entidades financieras para proteger a las familias ante ejecuciones hipotecarias o daciones en pago. Esta medida, que cuenta con un presupuesto de cuatro millones para 2017, permitiría la adquisición de viviendas libres que se incorporarán al parque público autonómico.
La Junta calcula que podrían incluirse 200 inmuebles libres hasta el año 2020. "La ley en su conjunto nace para aportar nuevas garantías a los ciudadanos, reforzar las políticas contra los desahucios y fortalecer el sistema de control de vivienda protegida", ha declarado el consejero de Fomento Felipe López, después de ser aprobado en Consejo de Gobierno este proyecto de ley, inspirado en la normativa catalana.
La novedad de la medida incluye dos premisas clave: Por un lado, que la vivienda del banco debe cumplir condiciones similares a las de protección oficial, como por ejemplo con un precio medio de 80.000 euros aproximados de precio de coste. Y por otro lado, que la persona o la familia que vaya a ser desahuciada deberá tener el perfil de especial protección, como podrían ser; mayores de 65 años, menores de 35, discapacitados, familias en el umbral de la pobreza o víctimas de violencia de género. "Se va a facilitar la permanencia de la familia afectada para que no pierdan su vivienda y pagando un alquiler social", ha aclarado López sobre esta medida que comenzó a gestarse hace dos años en un grupo de trabajo en el que han participado 11 entidades financieras.
Para la ejecución correcta de esta medida, la Junta depende del convenio firmado el pasado marzo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en el que los jueces deben comunicar a los servicios sociales los lanzamientos en situaciones de vulnerabilidad y que incluso les permite suspender los procesos de desahucio.
El consejero ha asegurado que esta ley, que iniciará su tramitación parlamentaria en breve, está lo "suficientemente blindada como para que el Gobierno del PP no la recurra", ha dicho en referencia a la ley de Función Social de la Vivienda, promovida por Izquierda Unida en la anterior legislatura y pactada con el PSOE, que fue recurrida por el Gobierno central y suspendida parcialmente por el Tribunal Constitucional.
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