La Comunidad se enfrenta a Aranjuez por 5.900 viviendas

El desarrollo urbanístico en Las Cabezadas viene de lejos, del año 2004, cuando el Ayuntamiento firmó un convenio con la empresa Isolux —ahora en concurso voluntario de acreedores— para desarrollar esa zona. El proyecto situado en la margen izquierda de la vega del río Tajo, que se contemplaba dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Aranjuez de 1996, incluía,además de las casas, la construcción de un canal de remo y aguas bravas —en la confluencia con el río Jarama— para integrarlo dentro de la candidatura olímpica de Madrid.

Para desarrollar la idea, se debía cambiar el estatus del suelo a urbanizable programado; Aranjuez inició una modificación puntual de su PGOU que se atascó. El problema: un informe desfavorable de la Dirección General de Evaluación Ambiental emitido en 2008. En él, la Comunidad indicaba que Las Cabezadas se hallan incluidas, en su mayoría, dentro de la categoría “tierras de mayor capacidad agrológica de la Comunidad”.Es decir, que la Comunidad considera estos suelos un “recurso de importancia nacional que deben preservarse para mantenerla actividad agraria”.

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Ese parón provocó que Isolux—que había adelantado al municipio 11,8 millones— presentara un recurso contra el Ayuntamiento por no cumplir el acuerdo firmado.El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón a la sociedad en julio de 2016.Los jueces consideraron que los informes ambientales son “claros y contundentes” y que impiden el desarrollo del convenio urbanístico suscrito entre ambas partes.El Ayuntamiento no se quedó conforme con el fallo, que les condena a devolver esos casi 12 millones de euros, por lo que recurrió.

A esa cifra hay que añadir una deuda de más de tres millones que Aranjuez arrastra desde 1988 por una expropiación y de la que se iba a hacer cargo la empresa promotora de Las Cabezadas.El pasado 4 de febrero, el equipo de gobierno (PSOE) decidió publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) la modificación puntual de su PGOU para poner en marcha Las Cabezadas. El Ayuntamiento considera que, a pesar de no tener el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente, como la Comunidad había aprobado el ordenamiento urbano en 1996, habría incurrido en silencio administrativo positivo. Es decir, ha pasado el tiempo con el que contaba el Gobierno regional para dar la aprobación positiva o negativa a su propuesta de modificación.

Recurso contra el plan

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio mantiene otro punto de vista y argumenta que ha cumplido en todo momento con los plazos y los informes, por lo que ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la acción del Ayuntamiento. David Estrada, concejal de Urbanismo,explica que el Ayuntamiento“no tiene por qué asumir la responsabilidad, ya que quien no permite urbanizar el suelo es la Comunidad”. El edil añade que esos terrenos ya contaban con el mismo valor agrológico en 1996,cuando el Gobierno regional dio el visto bueno al PGOU, que incluía Las Cabezadas. “Una vez que vamos a desarrollar, parece que esa característica del suelo impide el desarrollo, y eso es incongruente con su clasificación en el plan general como urbanizable. Se contradicen”, puntualiza. Los colectivos ARBA, la Asociación Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, Grama y Jarama Vivo rechazan la modificación realizada por el Ayuntamiento y han presentado alegaciones en contra. Recuerdan que el número de viviendas previsto era de 3.000 y acabó en 5.986 en 2008. El edil de Urbanismo responde que no habrá tantas casas,porque las circunstancias actuales son muy diferentes, y que un canal de remo ahora no tendría ningún sentido.