El juez rechaza volver a encarcelar al yerno de la viuda del expresidente de la CAM

El juez ha rechazado volver a encarcelar a Miguel López, acusado de asesinar a su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, el pasado 9 de diciembre. En un auto hecho público este jueves y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado cita la doctrina del Tribunal Constitucional para ratificar la decisión que adoptó el pasado 20 de marzo, cuando dejó en libertad al sospechoso tras el pago de una fianza de 150.000 euros.

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El titular del juzgado de Instrucción 7 de Alicante, José Luis De la Fuente, entiende que la medida se basa en la “ponderación y equilibrio de dos elementos: la libertad de la persona cuya inocencia se presume y la realización de la administración de la justicia penal”. El magistrado no aprecia contradicción alguna entre la excarcelación y el auto de ingreso en prisión sin fianza que emitió con anterioridad, el 10 de febrero, dos días después de la detención de López, porque cada una de esas decisiones respondía a momentos procesales diferentes.

El magistrado ha desestimado, por tanto, los recursos de reforma planteados contra la salida de la cárcel del imputado por la Fiscalía y la acusación particular que ejerce Vicente Jesús Sala, hijo primogénito de la asesinada y del difunto banquero. De la Fuente no comparte con las acusaciones que persista el riesgo de fuga, pues López tiene retirado el pasaporte y no puede salir de España y debe comparecer semanalmente en el juzgado para firmar. “No se desprenden argumentos que orienten hacia un acuerdo distinto al que se tomó", precisa el juez.

Del mismo modo, tampoco cree necesario ampliar las medidas cautelares para alejar al investigado de sus antiguos empleados en el concesionario de coches Novocar -donde la víctima fue asesinada de dos disparos- ni de la vivienda de su cuñado Vicente, ubicada en la misma finca familiar de 300.000 metros cuadrados a las afueras de Alicante donde residen otras tres hijas de la fallecida y el propio López, marido de la menor de ellas.

Según el auto, la "protección general de los testigos" en el Código Penal está garantizada por la persecución del delito de obstrucción a la justicia. Además, no es conveniente "distinguir entre unos testigos favorables y otros desfavorables a las tesis de las respectivas acusación y defensa", añade el instructor. Además, la resolución destaca la “inoperatividad” de establecer medidas de alejamiento y prohibición de comunicación “con los más de treinta testigos que en estos autos han declarado".

El fiscal del caso reclamaba que esas órdenes sirvieran para proteger los testimonios de la decena de personas que trabajaban en el concesionario, aunque algunos de ellos haya causado ya baja en la empresa. En cambio, De la Fuente opina que la prohibición de acceso del sospechoso a las instalaciones de Novocar es suficiente para conjurar ese peligro, la "posible tácita y permanente presión que pudiera derivarse de la presencia del investigado como superior directivo de la empresa sobre sus trabajadores", según sus propias palabras.

El magistrado admite que la coincidencia del presunto asesino y del hijo de la asesinada en la misma finca, aunque en viviendas separadas y delimitadas por vallas, ha de “generar un daño moral y una extraordinaria penosidad”. Pero esa circunstancia "no evidencia” por sí misma una “situación objetiva de riesgo" para Vicente Sala que obligue a alejar al sospechoso de su domicilio.

Es más, puntualiza el juez, aunque se estableciera el perímetro de exclusión en torno a su casa,que reclama su abogado, y se impidiera al implicado acceder a la finca por determinados viales, "continuaría produciéndose siempre convivencia próxima y consecuente posibilidad de encuentros accidentales" entre ambos.