La Junta andaluza se plantea impugnar los presupuestos del Estado

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que la Junta de Andalucía impugnará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 si se mantienen las actuales cuentas presentadas, especialmente en materia de inversión, ya que éstas "no cumplen con el Estatuto de Autonomía, al destinar para Andalucía 390,8 millones de euros menos de inversiones".

En rueda de prensa, Montero ha lamentado que las inversiones en Andalucía "caen un 36,6 por ciento, con 668 millones menos que el año anterior", y critica que la comunidad "recibe un 13,5 por ciento de la inversión del Estado "muy por debajo del peso poblacional del 18 por ciento", de manera que el Gobierno "vuelve a incumplir la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, incumple la ley de manera flagrante". "Si hubiera cumplido debería haber llegado a 1.547 millones", ha apuntado la consejera, quien ha concretado que eso lo estudiarán los servicios jurídicos cuando se aprueben los PGE.

En ese sentido, precisa la inversión por habitante en Andalucía es de 137,7 euros, lo que supone "un 74,6 por ciento de la media nacional" y "tres veces menos que otras regiones", de forma que "se vuelve a castigar a Andalucía con estas cuentas insuficientes".

La consejera ha acusado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de presentar antes de las elecciones unos presupuestos "inflados", por motivos "electoralistas", de forma que "ahora los ciudadanos deberán pagar los platos rotos".

Considera asimismo que el apartado de ingresos está "inflado", de forma que teme que estas cuentas "no logren el cumplimiento del objetivo de déficit".

Montero espera que el próximo anuncio de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas "venga acompañado de una flexibilización y modulación de la regla de gasto, para poder gastar lo que determinan los presupuestos para las comunidades autónomas, cifrado en un global de 5.000 millones". Precisa que actualmente la máxima cuantía que puede gastar Andalucía es de 444 millones de euros.

La consejera lamenta que "tras el análisis exhaustivo del proyecto de presupuestos, se confirma que el Gobierno de Rajoy vuelve a defraudar a los andaluces y estas cuentas tiran por tierra las ilusiones que teníamos con la incipiente recuperación".

Montero ha insistido en que estas "decepcionantes" cuentas "renuncian a que la recuperación llegue a la familia, ni traen nada bueno ni nada nuevo para Andalucía, bajando la inversión un 36,6 por ciento, no hay ni rastro de un plan de empleo ni una apuesta estratégica para al comunidad".

Ha agregado que al "incumplimiento" del Estatuto que se prevé para 2017 "se suma el hecho de que el Gobierno no incorpora en sus cuentas los 2.298 millones de euros pendientes de la Disposición Adicional Tercera del período 2008-2014".

Lamenta que las cuentas de 2017 "no contempla ningún plan de empleo extraordinario para Andalucía" y se registra "un déficit para dependencia de 250 millones anuales", de forma que insiste en que estas cuentas "penalizan a Andalucía, especialmente a trabajadores y clase media", y considera que estos presupuestos "agravan las limitaciones a la convergencia de las regiones que traen las políticas austericidas".

"El Gobierno sólo le importan cumplir el objetivo de déficit ante las advertencias preocupantes de Bruselas, no le importa la gente", ha aseverado la consejera, quien duda de que estas cuentas garanticen y sirvan para el cumplimiento del déficit.

Lamenta que al Gobierno "no le importa Andalucía" y lamenta que "este año ni siquiera ha disimulado en el castigo a Andalucía", apuntando que los dirigentes del PP-A "en vez pedir a Madrid, caen en extravagancias y declaraciones esperpénticas, justificando lo injustificable".

"Es una cortedad de miras que el Gobierno piense que las inversiones que tienen que venir a Andalucía forman parte del juego político, cuando Andalucía es esencial y es el primer contacto de África con Europa", ha aseverado la consejera, recordando la importancia del corredor y la conexión ferroviaria del puerto de Algeciras.

No obstante, deja claro que los PGE "no perjudica a las cuentas de Andalucía", aunque lamenta que "sí perjudica la capacidad de aprovechar Andalucía la recuperación que viene desde España, pues, por ejemplo, vemos que con estas cuentas el Gobierno de Rajoy no va a pagar partidas de dependencia", algo asumido por la Junta andaluza, mientras que "el Gobierno ni está ni se le espera en la recuperación de las familias.

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Tras recordar la bajada del cuatro por ciento del Fondo de Suficiencia y la "congelación" del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que registra "una reducción del 42 por ciento acumulada desde 2011", la consejera considera que los presupuestos "llegan tarde y mal" y denuncia la "utilización partidista" de las cuentas públicas por parte del Gobierno de Rajoy "como instrumento de propaganda electoral", ya que "justo antes de las elecciones hicieron presupuestos que estaban inflados pero luego, sobre la marcha, tuvieron que recortarlo y adaptarlo a la nueva situación, por lo que ahora nos toca a los ciudadanos pagar los platos rotos del oportunismo al utilizar las cuentas infladas para hacer grandes anuncios electorales".

De esta forma, "el gasto público baja en relación con el presupuesto anterior", consolidando la "no disponibilidad" de las cuentas. Asimismo, lamenta que el uso partidista "la hace en el peor momento, cuando es necesario que las partidas funcionen como catalizadoras de la recuperación de derechos", de forma que "no existe rigor ni planificación ni se piensa en el medio plazo".

Asimismo, lamenta que los presupuestos "no apuestan por el empleo y centran el aumento de la recaudación en la presión a los trabajadores y las pymes", tras lo que advierte de que "no garantiza el cumplimiento del objetivo de estabilidad".

Comparación

En comparación con 2011, último presupuesto de un gobierno socialista, la caída del presupuesto de 2017 es de un 61 por ciento de recorte, según precisa Montero.

En materia de empleo, la consejera ha precisado que el Gobierno "renuncia a impulsar la creación de puestos de trabajo", de forma que "el número de ocupados no alcanza la cifra de 2011, ha descendido en 80.000 en los últimos cinco años, y hay 663.000 parados más de larga duración". "Desde que gobierna Rajoy no se ha podido absorber más de 1,2 millones de parados de larga duración en 2011, sino que ha aumentado hasta 1,9 millones", se lamenta.

Lamenta que "caen los asalariados indefinidos y se elevan los temporales", tras lo que apunta que "la disminución de paro se debe a la caída de la población activa", de forma que "desde 2011 hay un descenso del número de activos de 611.400 personas". Advierte de que en empleados públicos y pensionistas "se seguirá perdiendo poder adquisitivo", lamentando que "no se elimina la tasa de reposición".

Montero ha precisado que el presupuesto para desempleo "baja diez puntos más que el número de beneficiarios en relación con 2011". En ese período entre 2011 y 2017, el dinero para dependencia "cae un 9,6 por ciento, y se dedicará a cada beneficiario 460 euros menos de media".

Asimismo, en materia de ingresos, Montero critica que "habrá más impuestos para trabajadores y pymes", mientras que critica que "los cambios en el impuesto de Sociedades han perjudicado a las pymes", y la recaudación por IVA "sube casi un 40 por ciento" entre 2011 y 2017.

Lamenta que "la presión fiscal sube dos puntos del PIB y baja el gasto público 4,5 puntos", e insiste en que las cuentas presentadas para 2017 "presentan unos ingresos no creíbles", recordando que en 2016 "el Estado y la Seguridad Social registraron una desviación de 21.000 millones de euros con respecto a las previsiones".