El Gobierno catalán dice que la presión de la Fiscalía hacia la Generalitat es “exagerada”

El Gobierno catalán cree que la presión de la Fiscalía hacia la actividad de la Generalitat es “exagerada” y solo se explica “por una estrategia de intentar poner en entredicho las actuaciones que llevan a cabo el Gobierno y el Parlamento”. Así lo ha denunciado el consejero de Justicia, Carles Mundó, sobre la información que publica El PAÍS, de que la Fiscalía exige todos los datos a las empresas contratadas para la secesión. “Como consejero de Justicia, no tenía constancia”, ha reconocido, por lo que ha limitado su valoración a denunciar la presión de ”las órdenes judiciales hacia la actividad de la Generalitat”.

A pesar de no tener conocimiento de esta actuación del Ministerio Fiscal, Mundó ha afirmado que no les sorprende en absoluto porque están "acostumbrados a la presión constante de la Fiscalía”. A su parecer, “por cualquier cosa se abren diligencias y por cualquier cuestión se generan sospechas de ilegalidad”. “Nos parece muy mala noticia que cualquier actuación que hace legítimamente el gobierno de Cataluña se ponga bajo sospecha“”, ha añadido.

La Fiscalía ha pedido a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad información sobre los contratos con la Generalitat para levantar dos de las "estructuras de estado" previstas: los servicios de inteligencia y la agencia tributaria. Todas las compañías disponen de ocho días para entregar a la Guardia Civil toda la información de que dispongan sobre estas adjudicaciones.

Por su parte, Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana en el Congreso, ha sugerido que se pregunte a la Fiscalía el porqué de esa investigación. Con todo, sí ha precisado que esa investigación "forma parte del día a día" y que ni el Gobierno catalán, ni su Parlament, ni los partidos independentistas "hacen nada susceptible de ser perseguido". Rufián ha añadido que perseguir penalmente la organización del referéndum es "antidemocrático" y que "lo único que quieren los catalanes es votar".

El parlamentario también se ha referido con ironía a que "tenemos una Fiscalía que para según qué cosas es muy rápida, nunca falla y es una Fiscalía muy afinadora", en referencia a la conversación entre el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso en la que el primero le aseguraba al segundo que "esto te lo afina la Fiscalía", aludiendo a las investigaciones que se pudieran iniciar desde ese organismo catalán.

Por parte del PSC, el secretario de organización, Salvador Illa, ha asegurado que la actuación de la Fiscalía no es ninguna novedad ni "aporta nada nuevo" al entender que la decisión de abrir diligencias por los preparativos del referéndum catalán se ajusta a la tesis que siempre ha defendido el PSC. "No hay ningún futuro fuera de la ley y la legalidad, lo ilegal está condenado a no llevarnos a ninguna parte", ha añadido el dirigente del PSC.

"No nos extraña que la Fiscalia investigue todo aquello que sea suspectible indiciariamente de vulnerar la legalidad vigente, el referéndum no lleva a ninguna parte y el Gobierno catalán está en una situación de presunta ilegalidad"; ha añadido Illa, quien ha insistido en que "no se pueden hacer encargos fuera de la ley", en referencia a los encargos recibidos por las empresas colaboradoras para organizar el referéndum.

La coordinadora general del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Marta Pascal, ha lamentado que la Fiscalía haya tomado un papel de "policía política" y ha insinuado, sin concretar, que ha habido antecedentes sobre la politización de los órganos judiciales españoles. Pascal ha señalado que la formación ha acogido la noticia con "tranquilidad" y que no varían su objetivo: intentar pactar un referéndum con el Gobierno central.

Sobre la posibilidad de que la actuación de la Fiscalía bloquee el referéndum porque los proveedores tecnológicos de la Generalitat se inhiban en el proceso, Pascal ha apostado por esperar a "llegar y ver las consecuencias". Sí ha admitido que actuaciones como la de la Fiscalía intenta "minar la moral". Pero ha dicho que "vamos a transmitir a la ciudadanía que seguimos igual".