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OPINIÓN

Las libertades y las penas

El odio o la humillación no se curan con el Código Penal. El caso de Casandra Vera muestra una cultura represiva en la que se impone cárcel para todo tipo de delitos

Cassandra Vera en el banquillo de la Audiencia Nacional.

"De todos sus ascensos, el último fue el más rápido”. En este periódico se recordaba este chiste sobre Carrero Blanco de Tip y Coll, dos humoristas forjados en las pequeñas transgresiones de la televisión española del tardofranquismo, que hoy podría haberles reportado pena de cárcel. ¿Cuántas condenas habrían acumulado en este país Hara-Kiri o Charlie Hebdo? ¿O los tuits de Donald Trump? El caso de la estudiante de historia Casandra Vera, condenada a un año de cárcel por unos chistes sobre el expresidente del Gobierno de Franco, viene a culminar una serie de despropósitos urdidos en torno a conceptos tan vagos como el odio o la humillación a las víctimas del terrorismo.

Nada hay más peligroso que meter el Código Penal en la senda de lo subjetivo. ¿Cómo se valora el odio? ¿Qué significa ser humillado? ¿Quiénes pueden ser objeto de humillación y quiénes no? ¿Es lo mismo humillar a una víctima inocente que a un tirano? La tipificación penal requiere objetividad y precisión si no se quiere entrar en una senda extremadamente peligrosa. Y más todavía cuando se trata de una cuestión tan sensible como la libertad de expresión en que el juicio de una persona siempre es susceptible de producir indignación o irritación en otras. Por este camino, volverán las condenas por blasfemia y se abre la vía a la restricción de la crítica política por presunción de odio y resentimiento.

La condena la ha dictado la Audiencia Nacional y, por tanto, hay que entender que se ajusta a derecho. Y si es así es evidente que la responsabilidad del disparate recae en el Gobierno del PP, que en la reforma del Código Penal de 2015 dio un baldeo a una libertad tan fundamental como la de expresión. Hace ya tiempo que los Gobiernos consideran que en nombre de la lucha contra el terrorismo todo les está permitido.

Decía el viejo Mitterrand que todas las heridas a la libertad de expresión son mortales. Y resulta incomprensible que la oposición no ponga en marcha una verdadera ofensiva parlamentaria para restaurar una libertad tan fundamental. En tiempos de miedo e incertidumbre una izquierda temerosa de parecer débil a ojos de los ciudadanos es capaz de caer en penosas componendas.

Pero el caso de Casandra Vera plantea también otra cuestión acuciante. La naturalidad con que se considera la pena de cárcel como castigo adecuado para cualquier delito. Estamos instalados en una cultura represiva en que parece que la cárcel sea el recurso para todo. Privar de libertad a una persona es algo muy radical, de lo que no se puede abusar y con lo que no se puede frivolizar. Es un debate antipático, enormemente difícil de llevar a la escena pública, porque va contra las ideas recibidas y perfectamente metidas en los cerebros de los ciudadanos. Se condena a una persona a quince años y mucha gente se indigna porque les parece poco.

La cárcel es una medida de una extraordinaria gravedad que en una sociedad civilizada debería utilizarse con enorme mesura. Y desde luego no debería banalizarse aplicándola a delitos —como el que nos ocupa— en los que nada justifica que se saque a una persona de la circulación. Es además un castigo que se administra de modo manifiestamente discriminatorio. ¿Mientras Casandra Vera recibe la notificación de su sentencia, cuántos acusados por delitos económicos estarán negociando con los fiscales la reducción de sus penas a cambio de dinero? ¿Y cuánto tiempo se demora la entrada en prisión de un condenado en función de los recursos que puede aplicar a su defensa?

La exploración de penas alternativas debería ser prioridad en la agenda de una sociedad avanzada. Por razones de dignidad pero también prácticas: la cárcel ha demostrado que opera más como escuela de delincuencia que de reinserción.

El odio o la humillación a través de la opinión no se curan con el Código Penal. Son cuestiones de convivencia, de socialización y de educación. Prohibiendo su expresión lo que se consigue es otorgarles mayor presencia en la sociedad espectáculo. En la época de las redes sociales, la pretensión de atajar penalmente los exabruptos de la red es ridícula. No es con la cárcel sino con el uso público de la palabra que hay que combatir las mentiras y los odios, los despropósitos y las humillaciones.