La expropiación de un millón de euros que costó 18 acaba en el Tribunal de Cuentas

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El Ayuntamiento de Valencia llevará al Tribunal de Cuentas el caso de la expropiación de unos terrenos que costaban 961.000 euros y por los que el Consistorio acabó pagando 18,2 millones en la etapa de la exalcaldesa Rita Barberá. El objetivo es que varios concejales del PP que intervinieron en la gestión del asunto, entre ellos el exvicealcalde Alfonso Grau, respondan con su patrimonio personal.

"Nos parece sencillamente escandaloso. En el menor de los casos, una negligencia y un ejemplo de gestión pésima", ha declarado el alcalde Joan Ribó tras anunciar el acuerdo adoptado por la junta de gobierno local.

Los terrenos eran propiedad de la familia del exvicepresidente de la Generalitat y antiguo concejal del PP Juan Cotino. Y de la familia Trenor, una de las de más alta alcurnia de Valencia, que ostenta el marquesado del Turia. Tanto los Cotino como los Trenor vieron multiplicarse por 18 el valor del suelo gracias a la inactividad municipal, según la conclusión de los informes elaborados por cuatro servicios del Ayuntamiento, Gestión Urbanística, Económico Presupuestario, Tesorería y Jurídico.

El Ayuntamiento gobernado por Rita Barberá expropió los terrenos para construir el Parque de Cabecera, un espacio verde sobre la entrada del antiguo cauce del río Turia en la ciudad, que se hallaba en un estado de alta degradación. La zona había albergado el llamado hipermercado de la droga y, además de cañares, conservaba algunos campos de naranjos y otros cultivos.

En 2006, el tribunal provincial de expropiación concluyó que los terrenos agrícolas de los Cotino y los Trenor valían 961.000 euros. Los técnicos municipales consideraron la valoración alta, pero recomendaron pagar. El Consistorio fue abonando la expropiación de todas parcelas necesarias para hacer el parque entre ese año y 2007, por un importe total de 9,3 millones. Salvo las número 21, 58 y 59, que eran propiedad de estas dos familias.

A pesar de las advertencias de los funcionarios y también de los Cotino y los Trenor, que avisaron de que solicitarían una retasación, "incomprensiblemente las expropiaciones no se pagaron", ha afirmado el concejal de Urbanismo, el socialista Vicent Sarrià, que ha comparecido ante la prensa con Ribó, de Compromís.

El parque se construyó (fue inaugurado en 2008). Tanto los Cotino como los Trenor pidieron que sus terrenos volvieran a tasarse, una posibilidad que la ley contempla una vez transcurridos cinco años desde la expropiación si esta no se ha pagado. Y, a pesar de que el precio del suelo se había desplomado entre los años 2006 y 2010 a raíz de la crisis inmobiliaria, el jurado provincial de expropiación concluyó que los terrenos habían pasado, de hecho, de ser agrícolas a urbanizados, y multiplicó más de 18 veces su precio.

No hay delitos

"La conclusión del informe jurídico es que los técnicos funcionarios informaron en todo momento correctamente de los pasos a dar. Y que fue una decisión por omisión de no llevar nunca a la junta de gobierno el pago de estas expropiaciones hasta que era demasiado tarde y se había producido el perjuicio económico para las arcas municipales, cifradas en 17,3 millones de euros", ha dicho Sarrià.

El Ayuntamiento ya ha pagado el importe. El expediente interno para aclarar lo sucedido ha concluido que no existe responsabilidad disciplinaria porque los funcionarios realizaron su trabajo. Tampoco aconseja emprender acciones penales por la "dificultad probatoria" de los hipotéticos delitos que encajarían en los hechos, como la prevaricación y la malversación de caudales públicos, que exigen que su comisión sea a conciencia.

Sarrià ha considerado "llamativo que con unos niveles de endeudamiento como los que tenía este Ayuntamiento entonces, se olvidaran, entre comillas, de hacer los pagos correspondientes en el tiempo, pese a haber sido advertidos, cuando tenían el dinero para hacerlo". El presupuesto para expropiaciones, ha indicado el concejal, creció de 25 a 83 millones entre 2006 y 2008.

Ribó ha señalado como posibles responsables, además de a Barberá, fallecida en noviembre, a Miguel Domínguez, como concejal de la junta de gobierno local; Alfonso Grau, edil de Economía; Silvestre Senent, de Presupuestos; Jorge Bellver, de Urbanismo, y Francisco Lledó, de Expropiaciones.