La Fiscalía investiga los preparativos para el referéndum independentista

La Fiscalía no ha esperado a que Carles Puigdemont convoque el referéndum sobre la independencia previsto para septiembre. El ministerio público ha abierto ya una investigación sobre los “preparativos” de la convocatoria. La actuación viene motivada por una nota de la asesoría jurídica del Parlamento catalán, en la que señala que la partida presupuestaria para celebrar el referéndum podría vulnerar resoluciones del Tribunal Constitucional. La Fiscalía Superior de Cataluña, que alude también a la publicidad institucional sobre el voto en el extranjero, ha abierto diligencias por desobediencia, prevaricación y malversación.

En una nota difundida este viernes, la Fiscalía Superior de Cataluña señala que ha decidido abrir diligencias “ante diversas informaciones aparecidas en varios medios de comunicación”. Esas informaciones apuntan a los “preparativos para la organización de un referéndum sobre la independencia de Cataluña en frontal infracción de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional”. Una “muestra” de esos preparativos que cita la escueta nota es “la publicidad institucional insertada en el diario La Vanguardia” este jueves.

“¿Tienes familiares o amigos que viven fuera de Cataluña?” “¿Ya se han inscrito en el registro de catalanes residentes en el exterior?”, reza la publicidad, acompañada de un mapa de Cataluña sobre el que destaca la pregunta “¿Sí o no?”. “Sumándose, podrán tener muchas más ventajas y hacer oír su voz”, agrega el anuncio, que ocupa toda una página del diario.

Esos preparativos para una consulta —que el Gobierno catalán prevé celebrar el próximo septiembre— chocan, según la Fiscalía, con las continuas advertencias que ha venido realizando el Tribunal Constitucional tanto al Gobierno catalán y a los integrantes de la Mesa del Parlament de los partidos soberanistas. El tribunal les ha solicitado que se abstengan de seguir adoptando decisiones que vulneren sus resoluciones y promuevan el llamado proceso de desconexión con España.

Aunque la nota no lo explicita, las alertas en la Fiscalía se encendieron el miércoles, el mismo día en que el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona, remitieron un escrito a la presidenta Carme Forcadell y a los miembros de la Mesa. Los juristas consideran que habilitar una partida presupuestaria para organizar la consulta “comportaría ignorar las advertencias” reiteradas del Constitucional.

Las diligencias de la fiscalía se producen poco después de que el Ejecutivo de Carles Puigdemont haya abierto un concurso para seleccionar a potenciales empresas proveedoras de sobres y papeletas para una convocatoria electoral. La finalidad de esta convocatoria se interpreta de manera distinta por fuentes del PDeCAT y de Esquerra Republicana, los dos partidos que forman parte del Gobierno catalán y que mantienen un delicado equilibrio, también en esta cuestión.

Así, dos departamentos distintos de la Generalitat coincidieron en explicaron el pasado miércoles que el concurso público pretendía la organización de las elecciones autonómicas, pero otras fuentes del mismo departamento dejaron abierta la hipótesis a que el objetivo final fuese el referéndum, aunque no se iba a admitir públicamente para evitar una impugnación del Gobierno de Mariano Rajoy.

“Técnicamente es un mecanismo electoral pero políticamente existe un compromiso de convocar y realizar un referéndum”, explicó una de esas fuentes, para quien el concurso público servirá para avanzar cualquiera de los dos escenarios (referéndum o elecciones), a la espera de la impresión final de las papeletas.

La Fiscalía pretende anticiparse a cualquier movimiento y evitar que se celebre el referéndum que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que será ilegal. El objetivo es evitar que se repita una consulta como la del 9 de noviembre de 2014, en la que votaron 2,3 millones de catalanes. Tras las votaciones, la Fiscalía se querelló contra el expresidente Artur Mas y dos consejeras de su Gobierno, que hace unos días han sido inhabilitados por un delito de desobediencia, igual que el diputado del PDeCAT Francesc Homs, entonces consejero de la Presidencia.

Mientras, él lobby económico y empresarial del Círculo de Economía, en el que están representadas las grandes empresas catalanas, reclamó a los gobiernos de Puigdemont y Rajoy “respeto al marco legal” ante lo que consideran “creciente radicalismo”, por la convocatoria del referéndum. El presidente de la institución, Juan José Bruguera, considera que “nada es democrático si se vulnera el principio fundamental de cumplimiento de la legalidad”.