El Ateneo ofrece su patrimonio para avalar el embargo de Hacienda

El Ateneo de Madrid se arriesga a no poder celebrar su bicentenario el año que viene. Sus 30 trabajadores, que han afrontado ya dos expedientes de regulación de empleo, pueden perder sus trabajos a causa de la deuda que acumula la entidad. Pero nada de ello sucederá si sus directivos consiguen aplazar, negociar o avalar, con bienes patrimoniales ateneístas, la ejecución de un embargo de 1,3 millones. Ofrecen 3.630 daguerrotipos, la gestión de la biblioteca y 400 obras de arte.

El Ministerio de Hacienda se dispone a ejecutar la retención judicial de bienes por hallar irregularidades en la gestión de una subvención del Ministerio de Cultura de 750.000 euros, que no fue formal ni plenamente justificada en su día, y que con intereses se eleva ya a 1,3 millones. La subvención, que data de 2009, iba destinada a la reparación y mantenimiento de la vetusta sede cultural en el madrileño barrio de las Letras, pero la ausencia de un plan especial, en el que la actuación debía quedar inserta, irregularizó su justificación administrativa.

Una extraordinaria colección de 3.630 daguerrotipos vítreos decimonónicos, única en España, así como la eventual gestión municipal de la biblioteca, de medio millón de volúmenes, además de las garantías que puede procurar el rico patrimonio pictórico y escultórico, más de 400 obras de arte, se barajan como avales.

La gestión de la ayuda oficial cuestionada fue denunciada por un grupo de socios, pues creen que parte de aquella ayuda oficial se destinó a un fin distinto —la transformación del bar del Ateneo en un restaurante—, extremo que los denunciados niegan mediante facturas de obras. Los querellantes, a su vez, las consideran facturas falsas.

Carlos García, uno de los cuatro directivos denunciados, achaca la sanción tributaria a “formalidades administrativas que distintas Juntas de Gobierno dejaron transcurrir”, de modo que las demoras en los plazos de justificación inflaron la deuda hasta un monto hoy impagable.

Por ello, todas las miradas están puestas en la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo 30 de marzo y donde se abordará qué hacer. La reunión convocada sobreviene en la víspera de un nuevo proceso electoral que renovará en mayo a seis de los diez miembros de la Junta de Gobierno ateneísta, entre ellos al presidente actual, el médico César Navarro y al vicepresidente segundo, el periodista Pedro J. Ramírez.

La gravedad de la situación se ve acentuada por otros factores adversos, además de las propias de vísperas electorales, que en el Ateneo se suelen ver acompañadas de fogosas discusiones y diatribas políticas. La duración exigua de los mandatos presidenciales, de dos años, y la renovación incesante de parte de la Junta de Gobierno impiden planificar políticas a medio y largo plazo, lo cual genera discontinuidades y una agitación constante.

Cambio de abogado

Otro de los factores de adversidad es la supuesta indefensión jurídica en la que la institución se encuentra ahora, según explica Miguel Pastrana, secretario tercero y directivo veterano desde 2008, hoy denunciado por el grupo de socios querellante. “En mayo de 2015, la línea institucional emprendida durante 15 años por el Ateneo se cambió de manera drástica y el letrado que llevaba la asesoría jurídica, Eloy Ruiloba, fue sustituido por otro vinculado al entonces presidente Enrique Tierno”, dice Pastrana. “Cuando Tierno dimitió [lo hizo por razones de salud hace un año], el nuevo letrado dejó, con él, el Ateneo; aquello fue un error del cual ha derivado parte de la situación actual porque no hay ahora asesoría jurídica que pueda llevar la defensa letrada de aquel asunto”, señala.

Carlos García asegura: “Las obras de reparación y mantenimiento se acometieron correctamente y de urgencia, tengo facturas que lo prueban; el problema fue que, por una cuestión de plazos, por la urgencia de la actuación, no se insertaron en un plan especial, como se exigía, y las Juntas de Gobierno consecutivas lo fueron aplazando y no decidieron adoptarlo, pese a que estaba redactado pero sin firma”.

Por su parte Isabelo Herreros, que forma parte del grupo denunciante, señala: “Hay facturas presentadas que son falsas; no hay otra salida que pagar la deuda; habrá que negociar cómo se efectúan esos pagos y encontrar a los responsables”. Por otro lado, Herreros afirma “hay sospechas fundadas de que detrás de todo esto existe una operación inmobiliaria para segregar uno de los edificios del Ateneo”, pero no aporta pruebas de su sospecha. “No hay ningún conflicto político ni ideológico detrás de lo sucedido”, aclara. “El dinero de las obras fue a parar a otros cometidos, esta es la cuestión”.

Para Carlos García, “la situación en que se hallaba el personal del bar cuando llegué a la directiva era lamentable; se decidió asignar a la cadena La Alpargatería la creación de un restaurante, pero al poco entró en concurso de acreedores”. La empresa revirtió a su estadio anterior “pero conseguimos que fueron saneadas las condiciones de sus operarios”.

Según fuentes próximas al presidente César Navarro, los propietarios del restaurante llevan más de un año sin pagar su asignación al Ateneo, cifrada en unos 7.000 euros mensuales. Fuentes de la actual directiva consideran que alegan adeudos de ciertas cantidades. La próxima Junta puede proponer el desahucio de la empresa del restaurante, señalan, extremo que Miguel Pastrana rebate: “Hay un contrato por medio que debe ser respetado”.

La ubicación del restaurante se dispuso en la zona que anteriormente ocupaba la sala de exposiciones del Ateneo de la calle de Santa Catalina, 10 y este pasó a ser ubicada en el local ateneísta de la calle del Prado, 19. Aquel traslado fue entonces impugnado por algunos socios, entre ellos Alejandro Sanz e Isabelo Herreros, que protagonizan ahora la denuncia.