El urbanismo y los impuestos detrás de la ruptura del PP en Parla

“Lo lógico es que el alcalde hubiera asistido al congreso regional”, reconocen incluso personas afines a la familia parleña del PP, enfrentada con Martínez Hervás. Pero no pudo ser, a juicio de los fieles al regidor, por maniobras orquestadas desde la “otra corriente” del PP en Parla (125.000 habitantes), que orbita alrededor del presidente del partido en el municipio, Carlos González Bermejo. Los militantes del pueblo eligieron el pasado 12 de marzo, además de al candidato a presidir el PP de Madrid, a los 25 compromisarios que les representarían en el cónclave regional. La corriente contraria al alcalde habría dirigido a los votantes –participaron 126 afiliados de los 1.000 con los que el PP cuenta en el municipio-, a elegir los nombres que a ellos les interesaban.

La demostración se encuentra en la lista final en la que entraron familiares y amigos de ese sector y de los dos concejales destituidos, quedando fuera el alcalde y sus ediles afines, añade el núcleo próximo a Martínez Hervás. Entre los seleccionados se encontraban la madre y dos hermanos de Elena Taboada, uno de los dos ediles a los que el alcalde quitó sus competencias municipales junto con Juan Marcos.

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Desde la otra corriente del PP, la de toda la vida, enmarcan lo ocurrido en una provocación del regidor a la hora de votar la lista de compromisarios. Cuando fue a depositar su elección en la urna instalada, declaró que él apoyaba a sus ediles y cargos de confianza. Por lo tanto, excluyó a personas influyentes del comité ejecutivo, entre ellos al presidente del partido. Así consiguió “enfadar a mucha gente y eso corre como la pólvora”, indican las mismas fuentes, lo que explicaría que el alcalde no recibiera suficientes votos.

Fuentes cercanas al Gobierno municipal sostienen que esta versión no es más que una excusa que esconde las verdaderas raíces del enfrentamiento, que se hunden en el desarrollo urbanístico del municipio. Es aquí donde entra en juego el PAU-5, el mayor polígono industrial de Parla con más de cuatro millones de metros cuadrados. Como el Ayuntamiento solo es propietario de un millón de metros cuadrados, necesita la colaboración del resto de propietarios privados, entre ellos militantes del PP enfrentados con Martínez Hervás. Estos últimos, mantienen unos precios del suelo excesivamente caros, que las empresas interesadas en ejercer su actividad en el municipio no están dispuestas a pagar, produciendo un tapón. El alcalde no ha logrado que los rebajen, lo que ha provocado un gran malestar en el Consistorio.

El enfado habría alcanzado su punto álgido cuando el Ayuntamiento emitió, el pasado 22 de febrero, 23.700 peticiones de embargo por impagos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los últimos cinco años, que todavía no habían prescrito. Los parleños deben por dicho concepto cerca de 50 millones de euros. Entre ellos, se encuentran deudas pendientes de terrenos del PAU-5 que afectarían a propietarios de la facción del PP crítica con el regidor.

A esta medida se ha unido la reactivación del jurado económico administrativo, un organismo formado por tres habilitados nacionales de fuera del Ayuntamiento, que resuelve contenciosos con los vecinos. El jurado llevaba cinco años en vía muerta. Entre sus funciones se encuentra hacer frente a los recursos que presentan particulares a grandes reclamaciones económicas por parte del Consistorio. Durante estos años, al no existir ningún órgano que los resolviera, se mantenían en un limbo, e incluso caducaban. Actualmente, hay pendientes 400 casos, entre ellos de militantes del PP. Así las cosas, con rencillas que han traspasado el ámbito profesional y se han colado en el personal, el regreso de la calma al PP de Parla se prevé lejano.