La Audiencia Nacional investiga a Serra por las operaciones inmobiliarias

El expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra será citado a declarar como investigado por las ruinosas operaciones que llevó a cabo su antigua filial inmobiliaria y que dejaron un agujero de 720 millones de euros en la entidad. La Audiencia Nacional admitió a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Serra y la antigua cúpula de la entidad por administración desleal. La causa será instruida por el juzgado central de instrucción número 2, que se ha declarado competente para investigar los hechos.

La denuncia del fiscal Fernando Maldonado se basa en un extensísimo informe elaborado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en 2014, que detalló las irregularidades en una treintena de operaciones inmobiliarias acometidas por Caixa Catalunya durante los años de bonanza (de 2000 a 2007). El informe subraya la mala gestión de esas transacciones, pero va más allá y dice que los directivos también cometieron numerosos “errores” más tarde, entre 2008 y 2013, cuando los gestores de la ya fusionada CatalunyaCaixa —fruto de la unión de las antiguas cajas de Catalunya, Manresa y Tarragona— intentaron deshacerse de esos activos y participaciones. Según el fiscal, el Consejo de CatalunyaCaixa incluso se planteó venderse toda la filial.

La fiscalía señala a Serra, al que fue director general de la entidad, Adolf Todó, y a directivos tanto de la entidad como de Procam, la filial inmobiliaria de CatalunyaCaixa. El informe relata cómo esa promotora fue cerrando en plena burbuja inmobiliaria operaciones que posteriormente pondrían en riesgo la que fuera segunda caja de ahorros catalana. Procam, que llegaría a ser una de las mayores empresas del sector, basó su estrategia en el crecimiento mediante la adquisición de inmuebles y con alianzas con otras promotoras.

Las empresas con las que se aliaba Procam, y de las que según el informe tomaba participaciones “importantes”— de alrededor del 50%— a su vez compraban suelos sobre todo no urbanizables. Cuando estalló la burbuja, la inmobiliaria de la antigua caja de ahorros tenía proyectos por toda España, Portugal y Europa del Este. A partir de ese momento, los socios entraron en crisis y los activos se devaluaron. La política de la caja fue la de “no dejar caer a ninguna sociedad del grupo” por el “riesgo reputacional” que ello supondría, lo que todavía hundió más a la promotora.

El fiscal, basándose en el informe del FROB, halla numerosas anomalías en las operaciones que analiza. Según el ministerio público, el negocio inmobiliario de Caixa Catalunya creció en base a “proyecciones y expectativas” que iba elaborando Procam. Y en muchas ocasiones, lo hizo “confiando en la palabra del socio”, sin informes previos externos “exhaustivos” sobre la “solvencia y la capacidad” de los asociados, que en algunos casos tenían un nivel de recursos propios “poco significativo” en comparación con el volumen de inversión que requerían.

La denuncia incorpora, de hecho, numerosas operaciones en las que se compraron solares no urbanizables por sumas importantes en los que en el momento de redacción del informe del FROB, en 2004, todavía no se podía construir.

Serra y Todó están a un paso de sentarse en el banquillo por otro procedimiento judicial: la aprobación de aumentos de sueldo para directivos. La Fiscalía Anticorrupción está pendiente de solicitar pena de prisión para ambos.