Veinte familias dejarán sus pisos sociales al no renovarles el alquiler un fondo inversor

Una veintena de familias que viven en pisos sociales en el barrio del Ensanche de Vallecas desde hace 10 años tendrán que abandonar sus pisos antes de que acabe el mes porque los actuales caseros —la gestora Encasa Cibeles— no les renovará los alquileres. Pagaban entre 80 y 550 euros mensuales. Estas viviendas fueron construidas —al igual que otras 2.900— por la Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), pero la Comunidad de Madrid, del PP, las vendió en 2013 para reducir su deuda. “Me voy debajo de un puente. No tengo nómina ni sitio adónde ir”, llora una de las afectadas.

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Bibi Risueño, de 55 años, es madre soltera y está en paro desde que cerró la empresa donde trabajaba. La mitad del piso de 50 metros cuadrados en el que reside, desde 2007, en el Ensanche de Vallecas ya está embalado en pequeñas cajas distribuidas por el comedor. Está nerviosa porque a una veintena de sus vecinos les ha llegado ya un burofax del actual propietario, un fondo de inversión que adquirió las viviendas en 2013 a la Comunidad de Madrid, recordándole que su contrato había acabado y “que puede resultar de interés analizar de forma conjunta [otras] alternativas de viviendas en alquiler que se ajusten a sus circunstancias”.

Y es que a 20 de los 46 pisos que conforman el bloque donde vive Risueño, el burofax les marca una fecha concreta: el próximo 21 de marzo. Un mediador social visitó a Bibi hace unos días para preguntarle qué tenía pensado hacer. “Si no me dan una casa aquí, me voy debajo de un puente. No tengo nómina ni un sitio adónde ir”, le respondió.

El edificio de Ensanche de Vallecas 81 forma parte de las 2.935 viviendas sociales que el Instituto de la Vivienda (IVIMA) vendió al fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs y a la gestora inmobiliaria española Azora, que crearon la sociedad Encasa Cibeles para gestionar los pisos. Los vecinos, que pagan entre 80 y 550 euros, según los metros cuadrados y sus ingresos, están angustiados porque no saben dónde dormirán a partir del próximo mes. José Manuel Rojas, de 56 años, que ya recibió la notificación para que abandone su hogar desde hace una década, se desespera: “Esto era un servicio social, no un negocio y ahora nos quedamos en la calle”.

Rojas contactó con Encasa Cibeles para intentar una renovación del contrato y permanecer en el piso donde vive con su pareja e hijo. La empresa le contestó que no había renovación posible y que deberá abandonarlo, dice angustiado. “Esperemos que su estancia en el edifico haya sido de su agrado”, le indicaron.

Bogustowa Monysistka, viuda, con tres hijos y en paro, también se puso en contacto con Encasa Cibeles: “No quieren negociar conmigo”. Varios vecinos aseguran, igualmente, que la empresa les ha comunicado que les subirán los alquileres y que no podrían pagarlo.

Al matrimonio de Manuel Muñoz y Alexia García sí les plantearon una alternativa. La sociedad inmobiliaria les ofreció 3.000 euros para que rehicieran su vida, pero lo rechazaron. “Vivimos del paro. Estuvimos años reclamando una vivienda social y, cuando por fin la conseguimos, nos tenemos que ir. Yo no quiero ese dinero, quiero otra casa donde podamos vivir con mis tres hijos”, se queja Muñoz.

Según Risueño, a uno residentes les han ofrecido 1.500 euros, mientras que a otros les prometen una vivienda en otra zona del barrio que no les gusta “porque parece un zulo”. “No somos okupas, ni narcotraficantes. Somos gente normal, trabajadora, que no tiene ni empleo ni un lugar adónde ir”, sostiene.

Los desahuciados quieren que sea la Comunidad la que les ofrezca una alternativa porque quedan dos semanas para su marcha.

Desde la Consejería de Vivienda se desentienden de la situación y aseguran que, desde la venta en 2013, “independiente del revuelo que tuvo”, la Comunidad de Madrid ya no tiene potestad sobre los pisos. La recomendación que les hacen a las familias es que se dirijan a la Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA) y pidan una nueva vivienda social.

 Revisión caso a caso

Encasa Cibeles gestiona cerca de 3.000 viviendas en la Comunidad de Madrid, por lo que se enfrenta a muy distintas situaciones familiares y personales. Por eso, su política habitual de gestión, sostiene la sociedad, se basa en dos pilares: “La revisión caso a caso para analizar cada situación individualmente y poder ofrecer las alternativas que mejor se adapten a cada situación socioeconómica”; y el análisis de “aquellos casos de familias en situación de vulnerabilidad social con prioridad absoluta”, que serán estudiados por sus “equipos de mediación social, en colaboración con los servicios sociales locales”.

Respecto a las notificaciones de finalización y renovación de los contratos, la sociedad sostiene que “son comunicaciones habituales y meramente informativas entre caseros e inquilinos”.