La Asamblea de Madrid aprueba por unanimidad la ley por una muerte digna

El camino iniciado el pasado mes de julio por la propuesta del PSOE para conseguir sacar adelante una ley por una muerte digna en la Comunidad de Madrid toca a su fin. En estos meses, los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) han conseguido elaborar un documento que satisface a todos y que se ha aprobado este jueves de forma definitiva. Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid entrará en vigor y en la segunda fase, la más complicada, que implica su puesta en marcha.

 La norma trata de garantizar un marco legal tanto al paciente que desee recibir cuidados paliativos como a los médicos que los traten. Todo ello en un entorno de “respeto a la libertad” que incluye el rechazo de los tratamientos, sedación paliativa y medida de soporte vital. Esta circunstancia, indica el texto, no puede repercutir en la atención sanitaria general que esté recibiendo el paciente, que siempre deberá ser informado sobre el proceso. De esta forma, podrá dar su consentimiento de forma libre, voluntaria y consciente y en el pleno uso de sus facultades.

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Los cuidados paliativos son interdisciplinares (incluyen al paciente, a las familias y a su entorno) y comprenden las acciones dirigidas a las personas que no responden a un tratamiento curativo. Es primordial en esos casos, el control del dolor y de otros síntomas, con el objetivo de “preservar la mejor calidad de vida posible hasta el final”.

José Manuel Freire, diputado socialista y portavoz de Sanidad, explica que la ley implica que “todos los ciudadanos van a tener derecho a recibir estos cuidados”. “De acuerdo con los datos, en 2014 ese tipo de atención solo llegaba al 20% de las personas que lo necesitaban”, añade.

Cuidados paliativos

La ley incluye el derecho a formular instrucciones previas en el ámbito sanitario para el caso de que llegue el momento de recibir cuidados paliativos y la persona afectada no lo pueda expresar por el estado en el que se encuentre. Esta posibilidad ya existía, pero solo se podía llevar a cabo en una oficina situada en la calle de Sagasta; ahora, la Consejería de Sanidad establecerá nuevos puntos donde hacerlo. Y toda esa documentación deberá aparecer en el historial clínico, de tal forma que sea accesible al personal sanitario.

Para Freire, uno de los puntos más valiosos de la norma es la voluntad que destila de que “no se quede en un texto que se publica, sino que cambie la forma como somos atendidos en los últimos momentos de nuestra muerte natural”. Para conseguirlo, hay que informar a los ciudadanos y formar a los profesionales desarrollando auténticos cuidados paliativos.

Con el fin de que la ley no se quede en papel mojado, la disposición adicional primera índica que, al año de su entrada en vigor, la consejería elaborará un informe. En él se incluirán los datos más significativos, el grado de satisfacción de los ciudadanos, la efectividad real de la protección de los derechos regulados y los aspectos de la misma que sean susceptibles de mejora.