Herencia digital por ley

¿Qué pasa cuando una persona fallece con la información que ha volcado en la Red? ¿Qué ocurre con sus fotos? ¿Y los archivos en la nube? ¿O con la cuenta de un bloguero? ¿Quién puede gestionar ese patrimonio? El Gobierno catalán dio ayer un primer paso y aprobó un proyecto de ley de voluntades digitales que permitirá a los ciudadanos designar en sus testamentos a sus herederos digitales para que reclamen ante las empresas la información colgada por la persona difunta.

La iniciativa, que será elevada al Parlament, se fraguó después de que el consejero de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó, leyera una información que señalaba que Francia estaba dando pasos para legislar en esa laguna. Su departamento no recibió propuestas en ese sentido, pero Mundó, activo usuario de las redes, pidió a su equipo que explorará el margen legislativo de la Generalitat. El asunto no es excesivamente complicado: la Administración catalana tiene competencias exclusivas en Derecho Civil y la reforma se limitará a modificar los libros segundo y cuarto del Código Civil.

“Las personas mueren físicamente pero su perfil en la Red sigue existiendo y teníamos que dar respuesta a ese vacío legal”, explicó ayer Mundó tras el Consell Executiu de la Generalitat. Su intención es “estimular” a los ciudadanos a que den el paso cuando hagan testamento. La ley distinguirá cuatro apartados: comunicaciones electrónicas; cuentas en las redes; la información en la nube o los dominios de la persona fallecida. El proyecto también está concebido para los jóvenes que por su corta edad o falta de patrimonio no tienen intención de testar: dispondrán de un registro que les permitirá inscribirse con una firma electrónica y designar a un heredero digital.

Javier de la Cueva, abogado experto en temas digitales, es, sin embargo, tremendamente escéptico respecto al impacto real de la futura ley. Y por varias razones: la primera es que el Código Civil tanto el español —desde 1889— como el catalán permite testar bienes, derechos y obligaciones. Por ello, considera que la ley es innecesaria y que tiene un fin publicitario que se estrellará con el mundo real: por ejemplo Twitter tiene su sede en California y cuando alguien abre una cuenta en esa red social clica aceptar sus términos y condiciones. “No podemos imponer una ley a una relación jurídico-privada entre un ciudadano español y una empresa extranjera”, asegura. Esa realidad, dice, no afecta solo a los particulares sino a todas las instituciones... empezando por la Corona.

De la Cueva, profesor de Filosofía de la Tecnología en la Universidad Complutense, preguntó a través del Portal de Transparencia a la Presidencia del Gobierno si era consciente de que abrir una cuenta de Twitter supone asumir que en caso de conflicto se dirimiría en un juzgado de California, aludiendo a la Casa Real. La respuesta fue que se habían aceptado esos términos y que el objetivo era difundir información de las actividades de la familia real. “Que todos los Estados lo hagan así solo quiere decir que todos lo hacen mal”, avisa. “Se está produciendo una dejación de soberanía digital”.

No todo el mundo tiene una visión tan pesimista. “El derecho siempre va detrás de la sociedad y alguna regulación se tiene que hacer”, apunta el letrado Pere Lluis Huguet, experto en la misma materia, que avisa que los contenidos digitales afectan a derechos fundamentales como el de la propia imagen. Su propuesta es que Naciones Unidas impulse un tratado que regule la jurisdicción digital superando las fronteras.

La Generalitat sostiene que su plan incorpora herramientas para que los padres acudan al juzgado cuando crean que sus hijos están haciendo un mal uso de las redes tanto como instigadores o porque son víctimas. Tendrán, por tanto, el “derecho y la obligación” de actuar y podrán recurrir al juez amparados en una ley para que las empresas les faciliten las contraseñas. De la Cueva avisa que igualmente todo dependerá otra vez de la voluntad de Twitter o Facebook. Y plantea esta solución sencilla: dejar a un familiar o amigo un sobre cerrado con sus claves para borrar su pasado digital sin pedir permiso a nadie.