El juez rechaza archivar la causa del blanqueo del PP de Valencia

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Los acusados del blanqueo de Taula piden al juez ser exculpados como Domínguez

El juez Víctor Gómez, que instruye el caso Taula, ha rechazado este viernes en un auto archivar la investigación por el presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP de Valencia como le habían solicitado nueve de los imputados.

El sobreseimiento provisional de la misma acusación contra el diputado Miguel Domínguez (exconcejal de Seguridad del Ayuntamiento de Valencia) por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) había llevado a los nueve imputados a pedir el mismo tratamiento, argumentando que lo contrario resultaría "discriminatorio".

El instructor resalta las dificultades que entraña la investigación "en paralelo" de los mismos hechos por parte del Tribunal Superior sobre Domínguez (por el hecho de ser aforado ante este órgano judicial) y la suya propia sobre 48 personas, desde una perspectiva mucho más amplia, al no limitarse estrictamente a la presunta operación de blanqueo conocida como pitufeo.

El juez agrega que, en su interpretación, lo que ha hecho el TSJCV respecto a Domínguez ha sido dejar la investigación "en suspenso en tanto que por este instructor, y no en paralelo, se termine la investigación acerca de la posible procedencia ilícita del dinero".

La investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia yo está centrada en la "mecánica del llamado pitufeo" (el presunto blanqueo de 50.000 euros por parte de medio centenar de miembros del grupo municipal del PP antes de las elecciones de 2015), sino en "la posible procedencia delictiva del dinero blanqueado".

Ese origen presuntamente oscuro de los fondos se investiga en una pieza declarada secreta, recuerda el juez. La Fiscalía y la Guardia Civil indagan si, como apuntan los indicios de que disponen, el grupo municipal del PP se financió en elecciones anteriores a las de 2015, especialmente en la de 2007, con aportaciones irregulares de empresas que habían recibido concesiones públicas del Ayuntamiento.

Estos supuestos hechos son los que han llevado a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a recabar documentación en distintas entidades públicas y privadas de Valencia en las últimas semanas.

Los imputados no pueden acceder a la parte de la investigación declarada secreta. Pero el magistrado repasa los indicios que siguen pesando sobre ellos respecto a la supuesta operación de blanqueo: "Confesiones, declaraciones testificales, conversaciones grabadas, omisiones declarativas en cuanto al origen del dinero ingresado en las arcas del grupo, ambigüedad declarativa sobre el origen de la idea de llevar a cabo la aportación económica, irregularidad notoria del proceso por el que se efectúan dichos donativos, al margen de la legalidad electoral y de financiación de los partidos".

El juez Gómez insiste en que "tales indicios persisten, aunque una de las investigadas confesas en su día se haya desdicho de lo que aquí dijo, lo que no es esencial a los efectos de esta investigación", en referencia al cambio en el sentido de su declaración efectuado por la exconcejal de Cultura y esposa del exvicealcalde Alfonso Grau María José Alcón.