El alcalde de Torremocha se enfrenta a dos años de cárcel por un presunto delito urbanístico
También está investigado por prevaricación el subdirector de Agricultura de la Comunidad de Madrid
El alcalde de Torremocha de Jarama, Carlos Rivera, aprovechó el soterramiento de líneas eléctricas en el municipio para llevar la conexión a la luz hasta una finca de su propiedad, y lo hizo presuntamente a través de una vía pecuaria y sin los permisos necesarios, según la fiscalía, que pide para él dos años y tres meses de cárcel. Un juez instructor de Torrelaguna ha decretado la apertura de juicio oral contra él, por un delito contra la ordenación del territorio, y contra el arquitecto municipal, dos exconcejales (uno de ellos ya fallecido) y el subdirector general de Recursos Agrarios de la Comunidad de Madrid, Jesús Carpintero, que aprobaron distintos informes que pretendieron legalizar a posteriori las obras.
Carlos Rivera es alcalde de Torremocha de Jarama (906 habitantes al norte de la Comunidad de Madrid) desde 1979. Ahora se enfrenta por segunda vez a una petición de cárcel por presuntos delitos urbanísticos mezclados con el medio ambiente. La primera (por el asfaltado de unas vías pecuarias en los primeros años de la década pasada) salió absuelto. Ahora, también con la acusación particular de Ecologistas en Acción enfrente, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados.
Junto a él, estará el concejal Pedro Lara (el otro exedil acusado, Ángel Díaz, falleció recientemente, según informan en el Ayuntamiento), y el subdirector general de Recursos Agrarios de la Consejería de Medio Ambiente, Jesús Carpintero. Completa la lista Carlos Díaz, “arquitecto municipal honorífico”, “figura irregular que le vinculaba estrechamente al alcalde”, según el escrito de acusación de la fiscalía.
Según este texto, el relato de lo sucedido es el que sigue. El alcalde acordó en 2008 con la empresa que estaba acometiendo unas obras públicas de soterramiento de líneas eléctricas que le llevaran la conexión hasta una finca de su propiedad situada en un “suelo no urbanizable especialmente protegido por su interés agrícola”. La acometida se hizo dentro de una vía pecuaria llamada la Colada de Araguz, que también es un terreno no urbanizable especialmente protegido, siempre según el escrito del fiscal. La obra se hizo sin los permisos necesarios ni del Ayuntamiento ni de la Comunidad.
Una vez comenzada la investigación judicial, a finales de 2010, el arquitecto y los dos concejales tramitaron una licencia para “dar apariencia de legalidad a las obras acometidas irregularmente”.
Por otra parte, unos meses después, Carpintero firmó una autorización temporal de la vía pecuaria, pero lo hizo, según el fiscal, “sin tramitar expediente alguno, son requerir informe técnico del Área de Vías Pecuarias, sin comprobar la realidad de las obras que sabía ejecutadas”, entre otras irregularidades. Sin embargo, después de una denuncia de Ecologistas en Acción y de que un responsable autonómico de vías pecuarias, tras visitar la zona, abriera expediente por infracción muy grave, Carpintero rectificó su propia resolución firmando una nueva.
El fiscal pide para él un año y 10 meses de prisión y ocho años de inhabilitación para cargo público. Para los concejales y el arquitecto honorífico, un año de prisión y ocho de inhabilitación. Todos ellos están acusados de prevaricación urbanística.
Este periódico ha intentado sin éxito recabar los puntos de vista de los acusados a través del Ayuntamiento de Torremocha y de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Desde este último departamento, una portavoz asegura que la documentación que manejó Carpintero decía que la acometida iba principalmente por suelo privado, lo que lo convertía en una actuación legal.
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