La Síndica de Barcelona alerta de la sobrecarga de los servicios sociales

Las quejas sobre los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona aumentan en el informe anual de la Síndica, Maria Assumpció Vilà. Pasan de 128 en 2015 a 150 en 2016. La defensora de las personas ha alertado de la "sobrecarga" que sufren los servicios sociales básicos y ha pedido "presupuesto abierto" para el área. Con todo, ha aplaudido el aumento de plantillas y las medidas de emergencia, en materia de ayudas y vivienda, del gobierno de la alcaldesa Ada Colau. En el capítulo de vivienda ha celebrado la idea de hacer un índice de referencia de los precios de alquiler y ha llamado a la administración a "vigilar porque sino los ciudadanos de Barcelona serán expulsados".

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En el que es el primer informe de la Síndica que corresponde a un año entero del ejecutivo de Colau, en cifras, el turismo y a movilidad vuelven a figurar entre los mayores motivos de quejas ciudadanas. En el caso del turismo, en el epígrafe de actividad económica, 108 de las 200 quejas corresponden a la campaña municipal para delatar vecinos con pisos turísticos del verano pasado. Pese a las quejas, Vilà ha aplaudido que el Ayuntamiento "dé a los vecinos la posibilidad de denunciar el origen de muchos problemas", en referencia a los pisos turísticos ilegales. El resto tienen relación con molestias causadas por apartamentos turísticos o con el mal uso del espacio público.

En el caso de la movilidad, la cifra de quejas baja, aunque sigue siendo de las más altas: se refieren a multas por no viajar en transporte público con los títulos que requieren llevar la documentación encima (en el caso de los jubilados) o por actuaciones de la grúa municipal o la circulación o aparcamiento de motos y bicicletas en las aceras. "Debería haber más información y pedagogía para conseguir una mejor convivencia en las aceras entre quien camina, va en bicicleta y en moto", ha manifestado. También ha reclamado que se mejore la accesibilidad en estaciones de metro donde no hay ascensores, como las de la plaza de Urquinaona o Espanya.

La Síndica ha reconocido que las quejas relacionadas con la Ordenanza de Civismo, que entiende que "criminaliza a los más vulnerables", han bajado, pero incluso así ha pedido al gobierno que la sustituya por un Código de Buenas Prácticas. Vilà también ha pedido, por primera vez, la ampliación de la plantilla de la Guardia Urbana y ha alertado de un caso denunciado en Nou Barris en el que vecinos de una mujer que fue agredida por su pareja alertaron de que la policía no se presentó. La Síndica ha explicado que hubo un error en la llamada, sin conocer los detalles.

En total, en 2016 la Síndica recibió 3.344 quejas, una cifra ligeramente superior a la del año 2015. Las principales áreas de la administración afectadas por las reclamaciones son urbanismo (que incluye vivienda y movilidad), hacienda y servicios sociales.