La Fiscalía investiga el gran atasco en la A-3 durante la nevada
La denuncia de CC OO mantiene que el recorte de medios perjudicó la respuesta ante la emergencia
La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias penales de investigación sobre el gran atasco que atrapó a miles de personas en la autovía A-3 en medio del fuerte temporal de viento, lluvia y vienta que afectó al sur y al este de España en enero. La denuncia había sido interpuesta por Comisiones Obreras, que considera que la supresión de plantilla y maquinaria en los centros de conservación de carreteras "perjudica seriamente la capacidad de respuesta ante situaciones" críticas.
Se trata, de momento, de una fase inicial de investigación. Al sindicato se le ha comunicado la incoación de diligencias y el nombramiento de un fiscal instructor, que deberá decidir si archiva la denuncia o indaga en los sucedido.
CC OO acusa a las empresas adjudicatarias del servicio de no cumplir "las condiciones del servicio ni en trabajadores ni en maquinarias" tras haber fusionado centros de conservación de carreteras, reduciendo "la plantilla de trabajadores y medios". La central critica también los problemas registrados en la carretera N-330 entre Requena y Ayora, en Valencia.
El corte en la A3 entre Utiel y Buñol, en la misma provincia, atrapó a cientos de conductores entre el 19 y el 20 de enero. Numerosos afectados denunciaron haberse sentido abandonados durante las más de 12 horas que duró el atasco, al no haber recibido información, mantas ni alimentos.
El Gobierno valenciano criticó la lentitud con la que el Gobierno respondió a la situación. El Ejecutivo subrayó el carácter excepcional e imprevisto del temporal, que provocó la caída de numerosas torres eléctricas, dificultando la reapertura de la autovía que une Madrid con Valencia.
Comisiones Obreras ha pedido este martes en un comunicado la mejora de la coordinación entre las Administraciones para afrontar los problemas en carreteras derivados de fenómenos meteorológicos extremos.
Una moción que incluye esa petición será debatida en el Congreso de los Diputados el 14 de febrero, después de que socialistas, Compromís, y Unidos Podemos consensuaran su contenido.
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